Proyecto de bioetanol entra al debate legislativo

La discusión sobre el futuro energético de Panamá volvió a colocarse en el centro del debate público con el análisis del proyecto de Ley 443, que propone incorporar un 10% de bioetanol en las gasolinas que utiliza el parque vehicular del país. La iniciativa, impulsada por el Órgano Ejecutivo, reabre la conversación sobre el alcance real de la Ley 42 de 2011 y su promesa de convertir a los biocombustibles y la biomasa en motores de desarrollo, especialmente para la provincias del interior.

Durante el Foro “Impacto y Alcance de la Ley 42 de 2011 en la Política Nacional de Biocombustibles y Energía por Biomasa”, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, subrayó la disposición del Legislativo para escuchar y ajustar la propuesta, con el objetivo de construir una política energética sostenible, justa y verdaderamente beneficiosa para el país. El encuentro, organizado por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos que preside el diputado Ernesto Cedeño, sirvió como antesala a la discusión del proyecto en primer debate.

Herrera destacó que, más allá del componente técnico, el debate sobre el bioetanol debe centrarse en su impacto económico y social. Recordó que Panamá decidió hace más de una década abrir la puerta a los biocombustibles como parte de una estrategia nacional, pero advirtió que hoy corresponde evaluar con responsabilidad si esa visión se está traduciendo en empleo, inversión y dinamización productiva en las provincias del interior, donde existe un potencial agrícola significativo.

El argumento del empleo es uno de los pilares de la propuesta. Desde la Secretaría Nacional de Energía, Paula Anabel Mesé explicó que la incorporación del 10% de etanol no solo tendría efectos positivos en la reducción de emisiones y en el desempeño de los vehículos, sino que también impulsaría la reactivación del sector agrícola. Según las proyecciones oficiales, la inversión necesaria para incrementar la producción de caña de azúcar permitiría generar alrededor de 30 mil empleos indirectos y 9 mil puestos de trabajo directos, una cifra relevante en un contexto de desaceleración económica y desigualdad territorial.

Sin embargo, el entusiasmo por el potencial de generación de empleo convive con las preocupaciones de otros actores. Desde el sector automotriz, Rodrigo González Paniza aclaró que no existe una oposición frontal al proyecto, pero sí una expectativa clara de que la transición sea flexible y gradual. La adaptación del mercado, la compatibilidad de los vehículos y la protección del consumidor final aparecen como variables clave que no pueden ser ignoradas en el proceso legislativo.

Ese equilibrio entre impulso productivo y transición responsable fue precisamente uno de los énfasis del presidente de la Asamblea. Herrera insistió en que el desarrollo de los biocombustibles debe traducirse en oportunidades reales para productores, trabajadores y empresas, bajo reglas claras, con competencia y transparencia, y sin trasladar costos indebidos a los consumidores.

El debate apenas comienza. Tras el foro, el diputado Ernesto Cedeño anunció que el 30 de enero se trasladarán a la provincia de Coclé para escuchar directamente a los dueños de ingenios, productores, empresarios y comunidades vinculadas a la caña de azúcar. La intención es recoger inquietudes y propuestas que permitan enriquecer o modificar el proyecto antes de su discusión en primer debate, prevista para febrero.

Así, el bioetanol se perfila como una apuesta con doble filo. Por un lado, ofrece la posibilidad de generar empleo y dinamizar economías rurales históricamente rezagadas. Por otro, plantea el desafío de una transición energética que debe ser técnicamente viable, socialmente justa y económicamente equilibrada.

Utilizar etanol en la gasolina llega en un momento con los precios de los hidrocarburos a la baja y eso podría afectar la percepción positiva.