Propuesta legislativa busca reducir el costo de los peajes en los corredores Norte y Sur

Un proyecto de ley presentado por el diputado Betserai Richards propone disminuir el costo de los peajes en los corredores Norte y Sur, estableciendo topes máximos y mecanismos de exoneración temporal del pago en situaciones de emergencia, con el objetivo de proteger a los usuarios.

La iniciativa surge tras el anuncio del Ejecutivo de extender por 30 años la concesión de los corredores Norte, Sur y Este. Richards explicó que el proyecto ya fue sometido a primer debate en la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional y busca ser de aplicación sencilla para facilitar su ejecución.

Según el diputado, la propuesta fija un monto máximo de 75 centavos por garita, frente a los peajes actuales que alcanzan un dólar con cincuenta centavos y hasta un dólar con setenta y cinco centavos. Richards argumentó que, tras años de cobros, es necesario ajustar las tarifas, especialmente para residentes de zonas como Tocumen, quienes —señaló— pueden llegar a pagar cinco dólares por trayecto, es decir, diez dólares ida y vuelta.

El proyecto también contempla un protocolo de exoneración temporal del peaje en casos de accidentes, protestas u otras situaciones que afecten arterias principales de la ciudad. En esos escenarios, los corredores podrían habilitarse de forma gratuita para facilitar el flujo vehicular y funcionar como vías de desahogo, evitando que los conductores queden atrapados en tranques por falta de saldo u obstáculos imprevistos.

Richards indicó que durante el debate se cuestionó la oposición de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) a la iniciativa. No obstante, afirmó que la Asamblea ejercerá su rol constitucional de contrapeso para legislar en favor de la población y garantizar condiciones más justas para los usuarios de estas vías.

En varias ocasiones anteriores diputados, organizaciones ciudadanas y representantes de comunidades afectadas han presentado iniciativas y planteado la posibilidad de tarifas reducidas o de corredores gratuitos como medida de alivio para los usuarios.

Además, diversos gobiernos han formulado promesas públicas sobre la gratuidad de estas vías, compromisos que —según críticos y sectores populares— no se han cumplido, lo que ha mantenido el tema vivo en la agenda política y mediática.

En esos intercambios parlamentarios y públicos se han discutido tanto topes tarifarios como protocolos de exoneración temporal en situaciones de emergencia o congestión, propuestas que buscan combinar protección al usuario y operatividad de las concesiones.

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) ha expresado reservas en ocasiones anteriores, lo que ha generado debates en comisiones legislativas y llamados a encontrar fórmulas técnicas y legales que permitan equilibrar el interés público con las obligaciones contractuales de las concesionarias.