Los desafíos de incorporar los biocombustibles al mercado panameño

Antecedentes de corrupción, costosas inversiones, desconfianza, dependencia a las importaciones, desconocimiento del público sobre el uso del etanol. Las barreras, obstáculos y problemas que deben superar quienes apuestas por el desarrollo de los biocombustibles en Panamá parecen interminables, sin embargo, los beneficios son potencialmente de gran impacto.

Por segunda vez se busca implementar la mezcla de gasolina con etanol. La primera vez fue entre el 2013 y 2014, años en que solamente una empresa, Campos de Pesé producía el producto y suspendió operaciones cuando el Gobierno de Juan Carlos Varela bajó el precio de referencia (de $1.22 a $0.78 centésimos), el cual se había pactado inicialmente y lo volvió de uso voluntario y no obligatorio.

Más de 10 años después, se intenta desarrollar, pero con otra modalidad, a través de un sistema más participativo, de todos los ingenios azucareros y otros que deseen participar, explicó Rodrigo Cardenal, presidente de la Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (Azucalpa).

En octubre pasado, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó ante el Pleno de la Asamblea de Diputados el proyecto para modificar disposiciones de la Ley 42 de 20 de abril 2011 y del Código Fiscal, necesarios para el otorgamiento de permisos para el Programa de los Biocombustibles y en materia de impuestos. Azucalpa respalda la iniciativa que está pendiente de discusión en la Asamblea Nacional de Diputados, un programa país de etanol que podría generar $500 millones de inversión y una meta inicial de cubrir el 10% del consumo de gasolina.

Gracias al proyecto se adicionarán 22 mil hectáreas de caña en el país, además de las 22 mil hectáreas que actualmente se utilizar para producir azúcar. Los ingenios que operan suman cuatro.

La inversión que se realizará asciende a $500 millones que se divide en tierra adicional para la expansión de la producción (de 16mil 750 hectáreas (75%) a 22,000Has (100%).

Proceso de Preparación y Siembra de caña, Equipo, Maquinaria, Sistema de Riego y demás y nuevas plantas de Destilación y Deshidratación (inversión estimada en $18.6MM) de $93MM a $130MM.

En un conversatorio con medios de comunicación, Rodrigo Cardenal, presidente de Azucalpa destacó que se creará un modelo de un programa país que hará que en las estaciones se comercialice una gasolina E10 (95 octanos) cuya mezcla incorpora etanol como aditivo sostenible, primero será importada para crear un sistema estable.

“El etanol tiene la función de un aditivo, un aditivo sostenible que forma parte de la gasolina”, afirmó, y aseguró que la parte técnica ya ha sido probada con resultados favorables en pruebas previas con gasolina 91 y 95, etanol y bioetanol.

El dirigente subrayó que el proyecto se plantea como un modelo consensuado entre todos los actores: productores pequeños, medianos e independientes; industria; terminales; estaciones; y autoridades.

“Lo positivo de esto es que lo que se ha planteado y propuesto es un modelo y un programa en el consenso de todas las partes que participan”, dijo Cardenal, quien insistió en la necesidad de una campaña de comunicación para explicar a la población el funcionamiento y los beneficios técnicos del cambio.

Sobre la financiación, Cardenal señaló que el plan cuenta con el apoyo de instituciones internacionales y la banca, y resaltó que el marco regulatorio propuesto dará seguridad jurídica a inversores locales y extranjeros. Recordó, además, que una primera experiencia previa había sido suspendida y que ahora se busca evitar la percepción de que el proyecto favorece a “un solo jugador”: “El modelo está en consenso con las partes y los diferentes actores, así que más que una inversión, en esta ocasión es un modelo programa país”.

El paquete de inversión de 500 millones se distribuye, según el presidente de Azucalpa, en cuatro bloques: tierra, inversión para sembrar y convertir hectáreas a caña; maquinaria y sistemas de riego; implementos y tractores; y la infraestructura industrial —destilerías y fábricas— que Panamá hoy no posee para producir etanol a escala.

Cardenal precisó que el 10% al que se refiere el plan corresponde al 10% del consumo de gasolina del país, y que la intención es arrancar ese 10% con producción nacional complementada por importaciones, aumentando la producción local con el tiempo.

En términos de impacto económico, los estudios privados e internacionales con apoyo del ICA —según Cardenal— estiman la generación de cerca de 30.000 empleos directos e indirectos durante el desarrollo de las inversiones. Además, proyectan un tamaño de actividad económica recurrente anual de entre 90 y 120 millones de dólares, fondos que, subrayó, permanecerían principalmente en el interior del país, donde se desarrollará la mayor parte de la actividad.

Para que el programa funcione, el proyecto de ley que se discute en la Comisión de Comercio requiere cuatro cambios fundamentales, dijo el presidente de Azucalpa: simplificar y aclarar el régimen de licencias (que serían otorgadas por la Secretaría de Energía y abiertas a personas naturales y jurídicas, locales o extranjeras), garantizar que la recaudación fiscal se mantenga conforme a lo planteado, ajustar las normas sobre impuestos de importación, y normar que el etanol importado sea manejado a través de terminales y zonas francas, los espacios que hoy operan con eficiencia para ese tipo de carga.

Sobre el posible impacto en el bolsillo del consumidor, Cardenal explicó: el modelo —diseñado para aprovechar eficiencias de producción local e importación— no debería generar un aumento significativo en el precio del combustible. “De la manera que se ha estructurado el mercado y el modelo del programa, no va a generar un impacto mucho mayor”, explicó, y añadió que la mezcla controlada y técnica permite mantener estabilidad en el suministro y previsibilidad para las empresas.

Respecto a la rapidez de desarrollo, Cardenal advirtió que el crecimiento en el sector agro es cíclico —las etapas de cultivo son anuales— pero aseguró que la capacidad existe y que no será necesario “siete u ocho años” continuos para alcanzar cifras relevantes. Asimismo, abrió la posibilidad de que, más adelante, la producción nacional pueda incluso exportarse si se alcanzan los volúmenes y la eficiencia necesarios.

Finalmente, el presidente de Azucalpa destacó la necesidad de comunicar el proyecto con claridad a la población y coordinar nuevas instancias de diálogo con medios y autoridades para explicar técnica y jurídicamente el modelo. “Lo que se va a comunicar y plantear es un modelo que técnicamente está comprobado en la zona y que se adapta a las condiciones”, concluyó Rodrigo Cardenal.