Caos sobre dos ruedas sigue sin solución

La semana cerró con dos tragedias: dos personas muertas tras una colisión entre motocicletas frente al Westland Mall, y horas después otro motociclista perdió la vida en la vía de acceso al Puente Centenario. Estos hechos no son episodios aislados ni malas rachas: reflejan una falla estructural en cómo concebimos la movilidad, la seguridad y la fiscalización en las dos ruedas. Hace falta liderazgo, control, una campaña y mayor capacitación.

No son los únicos casos. Revisando las cifras lo confirman: en 2025 el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá registró 204 emergencias relacionadas con motorizados y automóviles —182 colisiones entre motos y autos y 62 caídas de motorizados—, un indicador que exige políticas claras y medidas urgentes. No basta con el lamento en redes sociales; la tragedia se repite a diario.

La legislación y las autoridades establecen que la motocicleta es un vehículo y, por tanto, está sujeta al reglamento de tránsito —con deberes y restricciones— y la ATTT ha reiterado que por seguridad “no manejar entre vehículos”. Pero la existencia de normas no garantiza su cumplimiento ni su eficacia frente a la costumbre de motorizados informales, reparto a domicilio, congestión y conducción temeraria.

¿Por qué persistimos en este círculo vicioso? Faltan campañas informativas sin seguimiento, multas que no desincentivan conductas de riesgo, y una fiscalización que no alcanza a los puntos calientes. Gran parte del parque motociclista circula sin la preparación adecuada: licencias, formación en seguridad y pruebas prácticas insuficientes.

La infraestructura y la normativa no siempre consideran la realidad de los motorizados —ni ofrecen alternativas seguras de circulación— y, qué tanto incluimos al motociclista, ignoramos el papel de conductores, empresas de reparto y autoridades en prevenir riesgo.  Llamar “anarquía” o pedir represalias en redes sociales no es la solución.

Se necesita más fiscalización. Multas y campañas deben ir acompañadas de operativos focalizados en las rutas con más siniestros, control de velocidad, revisión de documentación y pruebas de alcoholemia. La ATTT y la Policía Nacional deben coordinar patrullajes y utilizar datos para priorizar intervenciones donde mueren y se lesionan más personas.

Se debieran elevar los requisitos para obtener licencia de motocicleta: cursos prácticos obligatorios, examen de habilidades y renovación con reciclaje obligatorio. Las empresas que contraten repartidores en moto deben ser responsables de la formación y dotación de equipos de protección. (La norma sobre motocicletas y el uso de casco y chalecos reflectivos ya existe; haga que se cumpla).

Se requiere una señalización clara, barreras físicas en puntos críticos, iluminación nocturna, pasos peatonales y calzadas que reduzcan conflictos entre motos y vehículos. Donde la demanda lo justifique, estudiar carriles exclusivos para motos o zonas de baja velocidad que minimicen impactos laterales y por alcance.

Necesitamos apuntar a las causas (infraestructura, informalidad laboral, fiscalización, educación vial) y no solo al morbo del accidente. Debemos promover mensajes que ayuden a la prevención y la rendición de cuentas.

La comunidad (conductores de autos, motorizados y peatones) debe asumir que cada desplazamiento puede costar una vida. Es momento de exigir a nuestras autoridades —incluida la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre— medidas con datos, recursos y continuidad; y de exigirle transparencia al sistema que sanciona y forma. No es una cuestión de buscar culpables únicos sino de reconstruir un sistema que haga menos probables estas muertes evitables.

Tenemos un gran desafío pendiente y es poner en orden a muchos motorizados para salvar sus vidas y la de todos en las vías.