Jhonathan Vega denuncia 'negocio amarrado' en nueva ley de bioetanol

El debate sobre el uso obligatorio de bioetanol en las gasolinas de Panamá ha vuelto a encender los ánimos en la Asamblea Nacional, dividiendo a quienes ven una oportunidad de desarrollo agroindustrial y quienes denuncian un monopolio disfrazado de política verde.

En el centro de la controversia se encuentra el Proyecto de Ley 443, impulsado por el Órgano Ejecutivo. Esta iniciativa establece la mezcla obligatoria de bioetanol derivado de la caña de azúcar con el combustible tradicional, iniciando con un 5% este año 2026 y proyectando alcanzar un 10% para el 2028.

Además de la obligatoriedad, la normativa prioriza la compra del producto nacional y ofrece exoneraciones del impuesto sobre la renta por un periodo de diez años para las empresas productoras, un detalle que ha levantado suspicacias en el debate público.

Esta no es la primera vez que Panamá intenta implementar esta medida. En 2011, la Ley 42 ya había introducido el etanol en las estaciones de servicio, pero la iniciativa fue suspendida en 2014 debido a que los altos costos de producción local encarecieron significativamente el precio del galón para los conductores.

Hoy, más de una década después, las críticas resurgen con fuerza. El diputado Jhonathan Vega protagonizó uno de los cuestionamientos más severos en el pleno, desmontando el argumento ecológico y advirtiendo sobre el impacto directo al bolsillo del consumidor panameño.

"Esto no es una política realmente ambiental, y le voy a ser muy sincero", dijo Vega durante su intervención. El diputado cuestionó la naturaleza impositiva del proyecto, preguntándose por qué, si el bioetanol es tan beneficioso, se le niega a los ciudadanos la capacidad de elegir si desean utilizarlo o no.

Según los cálculos presentados por el parlamentario, la mezcla representará una pérdida de rendimiento para los vehículos. Advirtió que los conductores gastarán entre un 3% y un 4% más por el mismo trayecto, ejemplificando que un auto que antes recorría cien kilómetros, ahora solo alcanzará noventa y siete con la mezcla.

Para Vega, el proyecto carece de libre competencia y simplemente garantiza un mercado seguro por ley. Calificó la iniciativa sin rodeos como "un negocio protegido por el Estado panameño", asegurando que a las empresas involucradas no les importa la eficiencia del combustible, sino consolidar sus ganancias.

Además, el diputado denunció lo que considera un uso estratégico y manipulador de los pequeños productores agropecuarios. Argumentó que los grandes ingenios azucareros los utilizan como fachada pública para generar empatía y legitimar la ley, cuando en la práctica son estos gigantes industriales quienes imponen los precios y mantienen el control del negocio.

Mientras tanto, el Órgano Ejecutivo y la Secretaría de Energía continúan defendiendo el programa, asegurando que reducirá la dependencia histórica de los combustibles fósiles importados y generará nuevas plazas de empleo rural. El sector agroindustrial, por su parte, proyecta que esta reactivación inyectará millones a la economía de las provincias del interior.

Sin embargo, las dudas técnicas persisten en otras instituciones del Estado. Recientemente, el contralor de la República, Anel Flores, inyectó escepticismo al debate al advertir que actualmente en el país toda la caña sembrada se destina a la producción de azúcar, lo que cuestiona seriamente si la industria nacional tiene la capacidad real de suplir la demanda de etanol este mismo año sin recurrir a importaciones masivas.

El presidente de la comisión, diputado Ernesto Cedeño, explicó que, en la próxima sesión, continuarán debido a que no se contaba con el quórum reglamentario para la respectiva votación.

Cedeño indicó que, hasta el momento, existen dos posiciones en los diputados comisionados, ya que unos quieren la obligatoriedad del uso del bioetanol y otros que no, aunado a que ninguna posición tiene los cinco votos por lo que, en la próxima reunión, se convocará para continuar con el análisis a este proyecto.