Comprar un vehículo eléctrico en Colombia es cada vez más fácil; cargarlo es el verdadero desafío

Es un caso de otro país para tomar en cuenta. En Colombia la movilidad eléctrica vive uno de sus momentos de mayor expansión en Colombia. Las ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables alcanzan cifras récord impulsadas por incentivos gubernamentales, una mayor oferta de modelos y un creciente interés de los consumidores por alternativas de transporte más sostenibles. Sin embargo, el acelerado crecimiento del parque automotor comienza a evidenciar una realidad que preocupa tanto a usuarios como a expertos: la infraestructura de carga no está creciendo al mismo ritmo.

De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), durante el primer semestre de 2026 se matricularon más de 24.000 vehículos eléctricos y cerca de 45.000 híbridos, un crecimiento superior al 200 % en el segmento de los eléctricos respecto al año anterior. Este comportamiento posiciona a Colombia entre los mercados de movilidad eléctrica con mayor dinamismo en América Latina.

Sin embargo, mientras las matrículas aumentan de forma acelerada, la red de carga pública continúa siendo limitada. Diversos reportes indican que el país dispone de aproximadamente 229 puntos públicos de carga para atender a más de 40.000 vehículos eléctricos e híbridos enchufables, una relación que comienza a generar presión sobre la infraestructura existente, especialmente en las principales ciudades y corredores nacionales.

La consecuencia ya es visible para los usuarios. Conductores se quejan de que cargar un vehículo puede convertirse en un proceso de varias horas debido a las largas filas, la alta ocupación de las estaciones o la indisponibilidad temporal de algunos cargadores. En algunos casos, una recarga que normalmente tomaría poco más de una hora termina extendiéndose por el tiempo de espera previo, afectando la planificación de los desplazamientos.

A ello se suma otro obstáculo que enfrentan quienes viven en edificios de apartamentos o conjuntos residenciales. La instalación de cargadores privados depende de la autorización de las administraciones y de la capacidad disponible en la infraestructura eléctrica del inmueble. Muchos propietarios aseguran que obtener estos permisos resulta complejo, por lo que deben depender casi exclusivamente de la red pública para abastecer sus vehículos.

Desde la perspectiva de los usuarios, el ahorro en combustible y los menores costos de mantenimiento siguen siendo las principales ventajas de un vehículo eléctrico. Algunos conductores señalan que una recarga parcial puede representar un costo significativamente inferior al de llenar el tanque de un automóvil de combustión. No obstante, advierten que esos beneficios económicos comienzan a verse afectados cuando deben invertir varias horas esperando un punto de carga disponible.

Las marcas automotrices también son parte del debate. Algunos propietarios consideran que la comercialización de vehículos eléctricos debería ir acompañada de una mayor inversión en infraestructura y de soluciones integrales para garantizar una experiencia satisfactoria al cliente. A su juicio, la transición energética no puede limitarse al crecimiento de las ventas si la red de carga no evoluciona al mismo ritmo.

Por su parte, el Gobierno colombiano reconoce el desafío y ha comenzado a implementar medidas para acelerar el desarrollo de la infraestructura. El Ministerio de Minas y Energía expidió recientemente una resolución que simplifica los procesos para conectar nuevas estaciones de carga a la red eléctrica, mientras que la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) trabaja en un sistema nacional de interoperabilidad que permitirá a los usuarios conocer, desde una sola plataforma, la ubicación, disponibilidad y características de las estaciones públicas de carga en todo el país.

Especialistas coinciden en que el problema no responde a una falta de aceptación de la movilidad eléctrica, sino al éxito de su rápida adopción. La demanda de vehículos ha crecido mucho más rápido que la capacidad instalada para atenderlos, generando un cuello de botella que podría convertirse en uno de los principales retos para consolidar la transición energética en Colombia.

La experiencia colombiana deja importantes lecciones para otros países de la región, entre ellos Panamá, donde la movilidad eléctrica también mantiene una tendencia creciente. Expertos consideran que el desarrollo de electrolineras, la planificación de corredores de carga rápida, la actualización de las normas para edificios residenciales y una mayor coordinación entre el sector público y privado serán factores determinantes para evitar que el crecimiento del mercado supere la capacidad de la infraestructura disponible.

Mientras la transición hacia una movilidad más limpia avanza con fuerza, el reto es contar una red de carga suficiente.