Movilidad eléctrica no es prioridad para Panamá, según exsecretario de Energía

Los primeros cinco autobuses eléctricos incorporados al transporte público panameño comenzaron a circular en agosto de 2026. Más allá de la novedad tecnológica, su puesta en marcha vuelve a colocar sobre la mesa una discusión pendiente: la velocidad con la que Panamá está ejecutando su transición hacia sistemas de transporte menos dependientes de los combustibles fósiles.

El exsecretario de Energía Jorge Rivera Staff ha advertido, en declaraciones ofrecidas a medios de comunicación, que el país cuenta con alternativas para financiar proyectos de electrificación, particularmente mediante organismos multilaterales y mecanismos internacionales vinculados con iniciativas ambientales. Su cuestionamiento se concentra, sin embargo, en el nivel de prioridad que estas inversiones reciben dentro de la planificación pública.

Desde su perspectiva, el problema no necesariamente está en la ausencia de recursos disponibles. La dificultad surge cuando los proyectos de movilidad eléctrica tienen que competir con otras inversiones que el Estado considera más urgentes dentro de un espacio fiscal limitado.

La incorporación de nuevas flotas requiere financiamiento y, aunque parte de esos recursos puede obtenerse en condiciones favorables, finalmente debe formar parte de la estrategia de endeudamiento y de inversión del Gobierno. Para Rivera Staff, mientras la electrificación del transporte no consiga una posición más relevante dentro de esas decisiones, el crecimiento de las flotas eléctricas continuará siendo más lento de lo esperado.

El recorrido de los primeros cinco autobuses sirve como ejemplo.

La adquisición comenzó a gestionarse en 2022 y contemplaba cinco unidades eléctricas y dos cargadores. El contrato, adjudicado a Yutong Bus Co. por $1.39 millones, atravesó posteriormente distintas etapas administrativas y revisiones antes de que los vehículos pudieran entrar formalmente en servicio.

Entre el inicio del proceso y su operación efectiva pasaron cerca de cuatro años. Las unidades finalmente fueron destinadas a la Ruta Verde de MiBus, que atiende sectores del Casco Antiguo y el centro de la ciudad de Panamá, con más de 1,700 usuarios beneficiados diariamente.

Ese antecedente adquiere mayor importancia al observar los planes de expansión.

MiBus busca incorporar otras 60 unidades eléctricas mediante un financiamiento de $26 millones, del cual aproximadamente $22 millones serían utilizados para adquirir esos autobuses. Posteriormente se proyecta sumar otras 60 unidades en 2028 y llevar la flota eléctrica del patio de El Chorrillo a un rango de entre 125 y 130 vehículos.

Cumplir ese calendario será clave porque Panamá ya tiene compromisos establecidos por ley.

La Ley 295 de 2022 estableció objetivos progresivos para la electrificación de MiBus y fijó como meta que un 33% de su flota sea eléctrica en 2030. Antes de llegar a ese porcentaje, la norma estableció niveles intermedios de 10% para 2025 y 20% para 2027.

La legislación también alcanza a las instituciones públicas, autónomas y semiautónomas, que deben introducir gradualmente vehículos eléctricos dentro de sus procesos de renovación de flotas.

Panamá, por tanto, no parte de cero en materia regulatoria. Existe una Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica desde 2019 y posteriormente se creó un marco legal específico. El desafío se ha desplazado hacia la capacidad institucional para llevar esos objetivos del papel a las calles.

La experiencia latinoamericana muestra que otros países ya han desarrollado programas de transporte eléctrico a una escala considerablemente mayor.

A marzo de 2026, Chile registraba 4,707 autobuses eléctricos, Brasil sumaba 1,728, Colombia alcanzaba 1,658 y México contabilizaba 1,095. Panamá todavía no figuraba entre los países con autobuses eléctricos en operación porque sus primeras unidades entraron al sistema varios meses después.

La comparación debe entenderse considerando las diferencias de población, tamaño de los sistemas de transporte y capacidad financiera de cada país. No obstante, demuestra que la electrificación del transporte colectivo ya pasó de las pruebas piloto a proyectos de gran escala en varios mercados de la región.

Además del componente ambiental, existe una discusión económica.

Las estimaciones divulgadas por MiBus indican que una unidad eléctrica puede consumir entre 20% y 25% menos energía que su equivalente diésel y reducir de manera considerable los gastos asociados al mantenimiento. La empresa también sostiene que el costo de estos vehículos ha disminuido durante los últimos años y que la duración de las baterías ha mejorado.

Ese ahorro potencial resulta especialmente relevante para un sistema de transporte público que depende de recursos estatales para sostener parte de sus operaciones.

Otro elemento favorable es la infraestructura de recarga. Panamá aparece entre los países latinoamericanos mejor posicionados cuando se compara la disponibilidad de estaciones públicas de carga con el tamaño de su parque de vehículos eléctricos.

La dimensión del reto, sin embargo, sigue siendo considerable. En julio de 2026, el parque vehicular nacional superaba los 1.74 millones de unidades y los vehículos con motores de combustión continuaban representando una mayoría abrumadora.

Los cinco autobuses que ya circulan constituyen una primera señal de cambio, pero todavía están lejos de modificar de manera significativa la composición del transporte público.

El planteamiento de Rivera Staff apunta precisamente hacia esa diferencia entre iniciar y transformar. Panamá cuenta con legislación, infraestructura, tecnología y opciones de financiamiento. Lo que deberá demostrar ahora es si puede acelerar las decisiones y las inversiones necesarias para convertir una experiencia de cinco autobuses en una flota suficientemente grande para producir un cambio real en la movilidad del país.