BID advierte que los incentivos para autos eléctricos no bastan sin redes de carga e inversión

La transición hacia la movilidad eléctrica representa una oportunidad para reducir la importación de combustibles, atraer inversiones y mejorar la competitividad de América Latina y el Caribe. Sin embargo, un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierte que los países están concentrando sus incentivos fiscales en la compra de vehículos, mientras dejan rezagadas áreas decisivas como la infraestructura de carga, la investigación, el desarrollo tecnológico y la producción de componentes.

El informe, titulado “Incentivos fiscales para la electromovilidad: mapeo de situación en América Latina y el Caribe y principios de uso”, parte de una encuesta realizada en 16 países.

El análisis encontró que el 87.5% ofrece algún incentivo para la compra o venta de vehículos eléctricos, principalmente mediante exoneraciones de aranceles e impuestos. No obstante, solamente cinco países cuentan con estímulos dirigidos a la fabricación o ensamblaje de vehículos y componentes; cuatro apoyan la infraestructura de recarga y apenas tres ofrecen incentivos para investigación y desarrollo.

Para el BID, esta diferencia revela un problema de enfoque. Reducir el precio de adquisición puede estimular las ventas, pero no garantiza por sí solo la transformación del transporte. Si el conductor no encuentra suficientes cargadores, si la red eléctrica no está preparada o si no existen talleres, repuestos y personal capacitado, la adopción de vehículos eléctricos continuará limitada.

La investigación señala que el 81.2% de los países estudiados utiliza reducciones o exoneraciones de aranceles aduaneros. Un 37.5% aplica beneficios relacionados con el impuesto al valor agregado y un 18.7% emplea incentivos sobre impuestos específicos al consumo. Estas herramientas resultan atractivas porque se aplican durante la compra o importación y no obligan al beneficiario a solicitar posteriormente un reembolso fiscal.

El transporte genera aproximadamente el 40% de las emisiones de dióxido de carbono de América Latina y el Caribe. Por ello, su transformación resulta determinante para cumplir los compromisos climáticos de la región. Pero el beneficio no es únicamente ambiental. La electromovilidad puede disminuir la dependencia de los combustibles fósiles importados.

Además, reducir la contaminación en las ciudades, favorecer la salud pública y abrir oportunidades de negocios vinculadas con cargadores, baterías, mantenimiento, software y generación eléctrica.

Un segundo estudio del BID estima que América Latina y el Caribe podría alcanzar entre 68 millones y 127 millones de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en 2050, equivalentes a entre el 27% y el 50% del parque automotor.

La infraestructura pública para atender esa flota requeriría una inversión estimada de 1,500 millones de dólares. En el transporte público, los autobuses eléctricos podrían representar aproximadamente dos terceras partes de la flota regional bajo un escenario moderado, con inversiones anuales cercanas a 3,000 millones de dólares.

El BID sostiene que los incentivos deben diseñarse con objetivos medibles, plazos definidos y evaluaciones periódicas. También deben reducirse o modificarse cuando la tecnología alcance suficiente penetración en el mercado. Mantener indefinidamente una exoneración puede generar un costo fiscal elevado y beneficiar principalmente a compradores de mayores ingresos, sin producir necesariamente una mejora general del sistema de transporte.

El estudio recomienda combinar los beneficios para la adquisición con políticas destinadas a la infraestructura, la capacitación técnica, la innovación y el transporte público. También plantea una mayor coordinación entre gobiernos nacionales y municipios, que pueden facilitar estaciones de carga, aplicar descuentos en permisos o circulación y promover proyectos conjuntos con empresas privadas.

Aunque Panamá no formó parte de los 16 países encuestados, las conclusiones resultan especialmente pertinentes. El país cuenta con la Ley 295 de 2022, vigente desde enero de 2023, que creó el marco para incentivar la movilidad eléctrica en el transporte terrestre. La normativa persigue reducir las emisiones, impulsar el uso de energías renovables y facilitar la transición desde los vehículos de combustión interna.

El desafío panameño consiste ahora en convertir ese marco legal en un ecosistema funcional. No se trata solamente de lograr que ingresen más automóviles eléctricos, sino de ampliar los puntos de carga fuera de la capital, establecer reglas claras para edificios y estacionamientos, capacitar técnicos, gestionar adecuadamente las baterías al final de su vida útil y modernizar gradualmente las flotas públicas y comerciales.

Para los consumidores, el precio inicial todavía constituye una barrera, aunque el ahorro en combustible y mantenimiento puede mejorar el costo total de propiedad. Para el Estado, la decisión requiere equilibrio: incentivar la transición sin comprometer innecesariamente los ingresos fiscales y procurar que los beneficios no queden limitados a quienes pueden comprar vehículos nuevos.

La principal advertencia del BID es clara: subsidiar el automóvil sin construir el entorno que necesita puede producir avances parciales. La verdadera oportunidad económica aparece cuando la movilidad eléctrica se integra con energía limpia, transporte público, infraestructura, innovación y formación laboral. Para Panamá, esa integración determinará si la electromovilidad se convierte en una transformación productiva o permanece como un mercado reducido.