Redada en la planta de Hyundai-LG en Georgia deja más de 300 surcoreanos repatriados

Lo que comenzó como un día normal en la planta de baterías de Hyundai y LG Energy Solution en Ellabell, Georgia, terminó convertido en una crisis diplomática y empresarial de alcance internacional. Una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) a inicios de septiembre de 2025 detuvo a casi 500 personas, entre ellas más de 300 surcoreanos. Las imágenes de trabajadores encadenados dieron la vuelta al mundo y desataron un debate sobre el futuro de la inversión extranjera en Estados Unidos.

El 4 de septiembre de 2025, agentes federales ejecutaron una orden judicial en el complejo de Hyundai-LG en Georgia. En la operación fueron detenidas 475 personas, más de 300 de ellas surcoreanas. El Departamento de Seguridad Nacional describió el procedimiento como “la mayor operación en un solo sitio en la historia de investigaciones de seguridad nacional”. El propio Donald Trump defendió la redada asegurando que “eran ilegales” y que ICE simplemente “hacía su trabajo”.

El Gobierno de Corea del Sur reaccionó con rapidez, manifestando “preocupación y pesar” y enviando diplomáticos al lugar. La situación sorprendió particularmente porque la planta, valorada en 7.600 millones de dólares, había sido presentada como el mayor proyecto de desarrollo económico en la historia de Georgia.

El 8 de septiembre comenzaron a conocerse los primeros detalles sobre el estatus de los trabajadores. Abogados de inmigración explicaron que muchos eran ingenieros e instaladores de maquinaria especializada, presentes en el país bajo visas de negocios B-1 o amparados por el programa de exención ESTA, que permite estancias de hasta 90 días. El abogado Charles Kuck señaló que su trabajo estaba limitado a la instalación de equipos que no se fabrican en EE.UU. y que formar técnicos locales podría tomar entre tres y cinco años.

Defensores de derechos humanos describieron un despliegue con drones, helicópteros y vehículos militares, lo que acentuó la indignación pública en Corea. Los sindicatos estadounidenses, por otro lado, denunciaron que los surcoreanos estaban realizando tareas de construcción básica fuera del alcance de esos visados. El debate sobre si eran técnicos especializados o mano de obra encubierta empezó a polarizar la narrativa.

El 10 y 11 de septiembre, tras días de negociaciones, los trabajadores comenzaron a ser liberados del centro de detención de Folkston para ser enviados en un vuelo chárter a Seúl. Sin embargo, el proceso se interrumpió cuando la Casa Blanca ordenó una pausa. Según el presidente surcoreano Lee Jae Myung, Trump pidió que se consultara a los detenidos si querían quedarse para continuar con su trabajo y entrenar a trabajadores estadounidenses. Finalmente, la mayoría optó por regresar a casa y solo uno de los surcoreanos decidió quedarse en Estados Unidos.

El 11 de septiembre, un avión de Korean Air despegó de Atlanta con 316 surcoreanos y 14 trabajadores de otras nacionalidades vinculados a empresas coreanas. Las imágenes de los detenidos con grilletes todavía circulaban en los medios, aumentando la presión política en Seúl.

El regreso a Corea y la indignación pública

El 12 de septiembre, el vuelo aterrizó en Incheon, donde periodistas y manifestantes esperaban con pancartas que calificaban la redada como una traición. “Estamos de vuelta, estamos libres”, gritó uno de los trabajadores al llegar. El presidente Lee calificó la situación como “extremadamente desconcertante” y advirtió que la práctica común de enviar técnicos para instalar fábricas quedaba en entredicho. Hyundai, por su parte, reconoció que el incidente retrasaría la apertura de la planta entre dos y tres meses, mientras LG Energy Solution defendió que muchos de sus empleados tenían visas válidas o estaban bajo exención.

El 16 de septiembre, la Casa Blanca trató de suavizar el impacto. Trump escribió que los trabajadores extranjeros eran “bienvenidos” siempre que respetaran las leyes migratorias y subrayó que la intención era que transmitieran su conocimiento para después regresar. El diplomático Christopher Landau expresó “pesar” en un encuentro con sus homólogos surcoreanos y planteó la creación de un “grupo de trabajo de visados” que facilitara la entrada de técnicos especializados. La propuesta incluía la posibilidad de una cuota específica para Corea del Sur, país que hasta ahora no cuenta con un acuerdo de visado técnico como sí tienen Canadá o México.

El 18 de septiembre, José Muñoz, CEO de Hyundai, rompió el silencio. En un encuentro con inversionistas en Nueva York reveló que se enteró de la redada “por las noticias” y expresó su empatía hacia los trabajadores afectados. Reconoció que el episodio retrasaría la puesta en marcha del complejo, pero ratificó la inversión con una segunda fase de 2.700 millones de dólares y la creación de 3.000 empleos. “Hay actividades en esta fábrica de baterías que requieren una pericia muy específica que no está en el país”, afirmó, insistiendo en la necesidad de un visado especial para técnicos que deben entrar y salir varias veces durante la instalación.

La redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. en Georgia puso en evidencia una contradicción estructural: por un lado, el objetivo político de reforzar la aplicación de leyes migratorias y, por otro, la necesidad económica de mano de obra extranjera altamente especializada para arrancar proyectos industriales de miles de millones de dólares.

Corea del Sur, uno de los aliados estratégicos de Washington y un actor clave en la cadena de baterías y semiconductores, salió de este episodio con heridas diplomáticas y empresariales aún abiertas. ¿podrá Estados Unidos mantener su estrategia de relocalización industrial sin replantear su política de visados para técnicos especializados?