Nueva ley exige que comercios muestren precios finales con ITBMS, también aplica para los autos

A partir de junio de 2026, los comercios en Panamá —incluidos los concesionarios de autos— estarán obligados a mostrar los precios finales de sus productos y servicios, es decir, con todos los impuestos y cargos incluidos. Así lo establece la Ley 473, publicada en la Gaceta Oficial el 19 de junio de 2025, que modifica el artículo 43 de la Ley 45 de 2007 sobre protección al consumidor y defensa de la competencia.

En el sector automotriz, esta medida implicará un cambio importante en la forma en que se comunican los precios al público. Ya no bastará con mostrar el precio base de un vehículo sin ITBMS o sin cargos por placas, inspección o gestión administrativa. A partir de la entrada en vigor de la ley, el precio que se exponga en vitrinas, etiquetas o páginas web deberá coincidir exactamente con el monto que pagará el cliente al momento de la compra.

Patricia Vukelja, directora ejecutiva de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), confirmó que la organización ya revisó el contenido de la norma y ha comenzado a difundirla entre sus miembros. De igual forma señaló que hay tiempo suficiente para que los concesionarios se adapten. La ley tiene una vacatio legis de un año, lo que da margen para planificar y ajustar la comunicación con el consumidor.

La norma fue impulsada por el diputado Augusto Palacios, quien presentó el anteproyecto en enero de 2025. Según el parlamentario, el objetivo es claro: que el precio marcado sea el mismo que el pagado y facturado. “Esto evitará sorpresas al momento de la compra y fortalecerá la transparencia comercial”, explicó.

Además del beneficio al consumidor, Palacios subrayó que la medida busca frenar la evasión fiscal, especialmente del ITBMS (Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios). Datos del Ministerio de Economía y Finanzas indican que el país pierde más de mil millones de dólares anuales por evasión de este impuesto. Al exigir precios finales visibles, se busca reducir los vacíos que hoy permiten facturar montos menores o fraccionados.

En la práctica, los concesionarios deberán reformular sus estrategias de etiquetado y publicidad. Un precio anunciado en redes sociales o vitrinas deberá incluir todos los costos asociados, desde el ITBMS hasta cargos de financiamiento, preparación del vehículo o entrega. Esto representará un reto para las marcas que compiten por precio, pero también una oportunidad para permitir una competencia más transparente.

El proceso para que la norma entre en vigor incluye una etapa previa de reglamentación por parte del Órgano Ejecutivo, que tiene un plazo de cuatro meses para definir los lineamientos específicos. La entrada en vigencia de la ley no será hasta que se cumpla un año de vacatio legis, en junio de 2026.

Durante ese período, se pondrá en marcha una campaña de información y capacitación tanto para los comercios como para los consumidores. Palacios aclaró que no será necesario cambiar los sistemas de facturación, pero sí se deberá implementar una estrategia clara de comunicación. “No queremos afectar al comercio, sino hacer una transición ordenada y sin confusión”, agregó.

Una vez vigente, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) será la entidad encargada de supervisar y hacer cumplir la ley. Los comercios que incumplan con la normativa podrán enfrentar sanciones administrativas.

Con esta medida, Panamá buscará exigir mayor transparencia en los precios al consumidor. Para el sector automotor, se abre un nuevo capítulo donde la claridad de la información será clave en la relación con los compradores.