Los siniestros viales no son accidentes: es falta de control

No podemos dejar que la imprudencia sea rutina. Varios casos de buses que colisionaron en diciembre encienden las alarmas de los factores de riesgo que provocan víctimas, lesionados y daños a la propiedad.

Mantener y redoblar la supervisión es uno de los frentes para prevenir más casos que lamentar.

Diciembre dejó algunos casos que lamentar de siniestros viales: choques entre buses que dejaron decenas de heridos, peatones arrollados y conductores que perdieron la vida. Esas noticias no son estadísticas que se pueden ver a la ligera; son familias que quedan destrozadas, hospitales saturados y una sensación creciente de que las reglas de tránsito se aplican a medias o no se aplican. Un choque entre dos buses en el Puente de las Américas, que dejó a decenas de lesionados, volvió a poner en evidencia el riesgo diario al que nos exponemos en las vías. Un total de 29 personas resultaron lesionadas tras una colisión entre dos buses tipo coaster, ocurrida el 16 de diciembre en el puente de las Américas, en dirección hacia el interior del país. Otro caso se registró el 19 de diciembre cuando colisionó un bus de pasajeros y dos vehículos particulares en la vía Roberto F. Chiari, en el distrito de Arraiján, en sentido hacia la autopista Arraiján–La Chorrera, el cual dejó 17 personas con lesiones leves. Además, el 25 de diciembre más de 15 personas quedaron heridas en un accidente de bus en Chepo.

Estos hechos ilustran que, más allá del drama puntual, existen fallas sistémicas —desde el mantenimiento vehicular hasta la conducta y la supervisión de quienes manejan unidades colectivas— que conviene afrontar con urgencia.

Hay que insistir en un segmento de conductores que están demostrando muchas incidencias. Son los encargados de trasladar a miles de panameños todos los días; su error no es sólo un incidente personal, puede multiplicarse en víctimas.

En diciembre vimos en videos virales maniobras arriesgadas e imprudencias que terminaron en tragedia: no son excepciones aisladas, son manifestaciones de un problema que combine factores humanos, técnicos y regulatorios. Si las empresas no verifican adecuadamente a sus choferes y el Estado no aplica mayores operativos de inspecciones y sanciones en tiempo real, la probabilidad de nuevos siniestros graves se mantendrá.

Las soluciones existen y son concretas. Primero: extremar los controles. Con los retenes visibles, además de un sistema integral que incluya revisión técnica obligatoria y frecuente, verificación del tacógrafo y control de las horas de conducción para evitar la fatiga.

Segundo: capacitación, capacitación y capacitadora. Que sea obligatoria y certificada para cada conductor profesional —no una charla esporádica, sino formación periódica actualizada en manejo defensivo, atención a emergencias y trato al pasajero.

Tercero: campañas educativas sostenidas que pierdan el formato de “operativos de temporada” y se conviertan en mensaje permanente en escuelas, medios y empresas.

Cuarto: auditorías a las empresas de transporte para que la responsabilidad no quede solo en el conductor, sino también en quien contrata y gestiona flotas. (Estas medidas combinadas reducen el riesgo de que una maniobra temeraria derive en múltiples víctimas).

Insistir en la sanción es necesario, pero insuficiente: la prevención debe ser proactiva. Programas municipales y ministeriales que ofrezcan charlas, simulacros y campañas en puntos clave —mercados, terminales, escuelas— ayudan a cambiar conductas en el público y a elevar la presión social sobre incumplidores.

La policía y la ATTT deben coordinar operativos de fiscalización con datos reales y retroalimentación: ¿qué rutas tienen mayor índice de infracciones? ¿qué empresas presentan repetición de faltas? La transparencia en estos registros es clave para que la ciudadanía exija resultados.

No podemos normalizar y decir que “siempre ha sido así”. Cada vida perdida por una maniobra temeraria o por el incumplimiento de una norma representa un costo humano y económico que la sociedad panameña no puede seguir pagando. La seguridad vial requiere decisiones políticas: invertir en infraestructura (señalización, iluminación, pasos peatonales seguros), sanciones efectivas y un sistema de supervisión que obligue a operadores y concesionarios a mantener estándares mínimos de seguridad.

Como sociedad podemos reclamar, acompañar y presionar. Los medios pueden seguir visibilizando los siniestros, como en estos días para que no se conviertan en noticias pasajeras sino en catalizadores de cambio. Las familias afectadas merecen respuestas claras y medidas que reduzcan la probabilidad de repetir tragedias. Los conductores merecen formación real y condiciones laborales que no los empujen a manejar exhaustos o en vehículos en mal estado. Y los responsables públicos deben actuar con la urgencia que reclama cada vida.