Aumento de los precios de combustibles presiona las finanzas públicas

El aumento sostenido en los precios internacionales de los combustibles comienza a generar una fuerte presión sobre las finanzas públicas de Panamá. El gasto actual oscila entre 10 y 15 millones de dólares, aunque los recientes aumentos del petróleo han superado las previsiones de los analistas.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció que el costo de los subsidios supera las proyecciones iniciales y que la volatilidad derivada de la crisis en Medio Oriente dificulta realizar estimaciones fiscales precisas para los próximos meses.

“La mala noticia es que siguen aumentando los precios de los combustibles”, advirtió Chapman, quien confirmó que el Gobierno mantendrá los subsidios al transporte público, escolar y a los alimentos con el objetivo de proteger a la población frente al incremento del costo de vida.

A finales de marzo, el Gobierno Nacional activó un fondo inicial de 100 millones de dólares mediante la Resolución de Gabinete 20-2026 para financiar el nuevo programa de subsidio a los combustibles. Posteriormente, en abril, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por 30 millones de dólares para cubrir la primera fase del plan.

El subsidio contempla la gasolina de 91 y 95 octanos, así como el diésel bajo en azufre, beneficiando inicialmente a unos 45 mil vehículos del transporte selectivo y colectivo inscritos en la plataforma Panamá Conecta. Actualmente, el sistema cuenta con alrededor de 60 mil usuarios registrados y más de un millón de transacciones realizadas.

Según las estimaciones oficiales, el costo semanal del subsidio ronda los 4.2 millones de dólares. La medida incluye topes de consumo diferenciados para sectores como la pesca artesanal, el transporte de carga de alimentos y la maquinaria agrícola. Además, mediante la Resolución N.° 24-26, el MEF autorizó precios máximos de 3.33 dólares por galón para la gasolina de 91 octanos y 3.41 dólares para el diésel bajo en azufre, con una vigencia de hasta diez meses.

Chapman también confirmó que el Estado mantendrá los subsidios a la energía eléctrica y al gas licuado de petróleo, cuyo costo anual ya alcanzaba los 100 millones de dólares y podría aumentar entre 5% y 10% debido al escenario internacional. El ministro aseguró que no será necesario aprobar nuevas partidas presupuestarias, ya que los recursos provendrán de ahorros generados en el servicio de la deuda pública.

El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, explicó que los fondos utilizados provienen de operaciones de refinanciamiento y cancelaciones anticipadas de bonos que permitieron reducir el pago de intereses.

“No estamos dejando de pagar la deuda, estamos utilizando los ahorros generados por la reducción de tasas”, sostuvo, al afirmar que el impacto sobre el déficit fiscal sería neutro.

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino reconoció que mantener el subsidio representa “un esfuerzo fiscal gigante” para el Estado mientras continúe la crisis energética global. Economistas consultados consideran que el escenario pondrá a prueba la disciplina fiscal del país. Mientras algunos plantean retrasar proyectos públicos y ampliar las alianzas público-privadas, otros recomiendan focalizar los subsidios y aplicar mayores medidas de austeridad para evitar un deterioro en las finanzas nacionales.