Proyecto del etanol en la gasolina queda en suspenso hasta julio

En el pleno de la Asamblea Nacional, varios diputados expresaron reservas sobre el Proyecto de Ley 443 y se suspendió la discusión en segundo debate. Los productores de caña expresaron su rechazo a la decisión.

El diputado Jhonathan Vega cuestionó el carácter obligatorio de la medida y advirtió sobre el posible impacto en el bolsillo de los consumidores, mientras que la diputada Alexandra Brenes señaló que desde diciembre se enviaron diez solicitudes a distintas instituciones para recibir criterios técnicos y solo tres respondieron, lo que, a su juicio, refleja una participación limitada en el análisis de la propuesta.

Otros legisladores también plantearon que el debate no debe darse por cerrado. La diputada Janine Prado advirtió que la suspensión del segundo debate no elimina el tema, porque todavía podría impulsarse una resolución del Ejecutivo para hacer obligatoria la mezcla de bioetanol; en contraste, el diputado José Luis “Popi” Varela defendió la iniciativa al afirmar que la obligatoriedad ya está contemplada en la normativa vigente aprobada en 2023 y que el proyecto busca priorizar la producción nacional y el desarrollo de las zonas rurales.

La decisión ha abierto un compás de espera en uno de los temas energéticos y agroindustriales más relevantes del momento. El análisis del proyecto quedó pospuesto hasta el reinicio de las sesiones ordinarias en el mes de julio, en medio de un debate que involucra a sectores productivos, autoridades y distintos actores de la sociedad civil.

Ante este escenario, la Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (AZUCALPA) manifestó que respeta la facultad constitucional del Legislativo para definir el curso de los proyectos de ley, pero subrayó que este periodo debe ser aprovechado para fortalecer el diálogo y construir consensos.

El gremio considera clave que durante estos meses se amplíe la discusión técnica y se mejore la comprensión pública sobre los alcances de la iniciativa, especialmente en lo relacionado con su impacto económico, energético y ambiental.

De acuerdo con estimaciones del sector, la eventual implementación del programa podría generar cerca de 10 mil empleos directos y unos 20 mil indirectos, principalmente en zonas rurales, donde el empleo formal suele ser limitado.

En ese sentido, AZUCALPA advierte que cada mes de retraso en la aprobación del proyecto representa menos inversión, menor dinamismo económico y la pérdida de oportunidades para miles de familias panameñas.

Además del impacto laboral, el proyecto también apunta a incentivar nuevas inversiones en el sector agrícola y agroindustrial, con el objetivo de impulsar la producción nacional de biocombustibles.

Según el gremio, esto permitiría a Panamá avanzar en la diversificación de su matriz energética, fortalecer su resiliencia ante fluctuaciones internacionales y contribuir a una transición más amigable con el medio ambiente y la salud pública.

En este contexto, AZUCALPA reiteró su disposición a mantener un diálogo abierto y constructivo con autoridades, sector privado y ciudadanía, aportando información técnica y evidencia que respalde los beneficios del programa. Los próximos meses serán determinantes para definir el futuro de esta iniciativa, que se perfila como una de las apuestas clave para el desarrollo sostenible del país.