Proyecto de ley busca ordenar el pago del impuesto vehicular: así impactaría a los conductores

Los automovilistas en Panamá podrían enfrentar cambios en la forma en que tramitan y pagan el impuesto de circulación vehicular, si avanza el proyecto de ley 197 que actualmente analiza la subcomisión legislativa de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional.

La propuesta introduce obligar a que el permiso de circulación de cada vehículo se tramite en el municipio correspondiente al domicilio real —residencial o comercial— de su propietario. Esto cambiaría una práctica común en el país, donde algunos conductores inscriben sus autos en municipios distintos para pagar menos impuestos.

Desde la perspectiva del usuario, la iniciativa busca establecer reglas más claras y equitativas. Es decir, que todos los propietarios contribuyan en igualdad de condiciones, evitando distorsiones en el sistema actual que, según las autoridades, favorece la evasión y genera desigualdad entre municipios.

De acuerdo con lo planteado en la discusión, esta medida también impactaría directamente a quienes compran vehículos nuevos o usados. Las agencias, concesionarias y empresas automotrices tendrían la obligación de gestionar el permiso de circulación en el municipio correcto desde el momento de la venta, lo que reduciría la discrecionalidad en el proceso para el comprador.

Representantes de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) advirtieron que actualmente muchos propietarios trasladan sus vehículos a otras alcaldías para pagar menos, afectando la recaudación en sus municipios de residencia. Con la nueva normativa, esta práctica quedaría limitada, lo que implicaría un sistema más ordenado, pero también menos flexible para el contribuyente.

Para los conductores, esto podría traducirse en pagos más alineados con su lugar de residencia, sin posibilidad de elegir municipios con tarifas más bajas. Sin embargo, también se espera que, a largo plazo, una mejor recaudación municipal se refleje en servicios públicos más eficientes, como el mantenimiento de calles, señalización y gestión del tráfico.

El proyecto de ley también tiene como objetivo mejorar la transparencia en la gestión municipal y optimizar el uso de los recursos provenientes del impuesto vehicular, un aspecto que incide directamente en la calidad de vida de quienes utilizan diariamente las vías del país.

En la primera reunión de análisis participaron representantes de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP) y autoridades municipales, quienes coincidieron en la necesidad de ordenar el sistema actual sin afectar de forma desproporcionada a los usuarios.