Proyecto de ley, aprobado en tercer debate, busca reutilizar neumáticos en el pavimento
- Mario Andrés Muñoz

- 25 feb
- 2 Min. de lectura
Los depósitos de neumáticos en desuso crecen cada año a la orilla de carreteras, patios industriales y vertederos del país. Frente a ese escenario ambiental, el pleno legislativo aprobó en tercer debate el uso de materiales reciclados —especialmente neumáticos desechables— dentro de los planes de diseño y construcción de la red vial nacional, iniciativa contenida en el Proyecto de Ley 78.

La normativa establece el uso obligatorio de productos derivados de neumáticos fuera de uso (NFU) y caucho reciclado en las mezclas asfálticas destinadas a la construcción, rehabilitación y mantenimiento de carreteras a nivel nacional.
La medida busca impulsar la sostenibilidad, reducir la contaminación provocada por la acumulación de llantas abandonadas, mejorar la durabilidad del pavimento y promover la economía circular en el país.
El Proyecto 78, inicialmente aprobado por el pleno legislativo, fue posteriormente objetado de forma parcial por el Presidente de la República por razones de inconveniencia. Tras un nuevo análisis legislativo, la iniciativa volvió a someterse a discusión y logró nuevamente su aprobación en segundo y tercer debate.
Las objeciones del Ejecutivo se sustentaron en que la versión original de la norma presentaba inconsistencias en la distribución de competencias asignadas al Ministerio de Obras Públicas (MOP). Algunas funciones incluidas en el proyecto correspondían, en realidad, a otras entidades estatales, como la Autoridad de Aseo Urbano y el Ministerio de Comercio e Industrias.
Se determinó que los neumáticos constituyen desechos sólidos, por lo que su trazabilidad, control y reporte deben mantenerse bajo la rectoría de la Autoridad de Aseo, institución responsable de la gestión y recolección de residuos, sean reciclables o de otra naturaleza.
El Proyecto 78 había sido aprobado inicialmente en tercer debate durante el mes de septiembre; sin embargo, en noviembre fue objetado parcialmente por el Órgano Ejecutivo y devuelto a la Asamblea Nacional para su revisión, proceso que culminó con su nueva aprobación legislativa.




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