Penas de cárcel a quienes abandonen obras estatales

Las obras públicas inconclusas, estructuras a medio construir son promesas incumplidas que impactan directamente la vida de miles de ciudadanos. Las carreteras que no se terminan, proyectos que se paralizan durante años y millones de dólares invertidos sin resultados visibles forman parte de una realidad que se repite administración tras administración.

Para frenar esa práctica avanza el proyecto de ley 276. Una subcomisión, presidida por el diputado José Pérez Barboni, aprobó remitir un informe a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional sobre esta iniciativa, que busca adicionar disposiciones al Código Penal en relación con la paralización y deterioro de obras públicas.

Impulsado por el diputado Ernesto Cedeño, el proyecto propone penas de entre tres y ocho años de prisión para los funcionarios que, teniendo conocimiento y recursos disponibles, permitan el abandono o deterioro de obras.

Un ejemplo concreto es la carretera entre Vacamonte y Veracruz, en Panamá Oeste. Este proyecto, iniciado en 2018, lleva años sin completarse y se ha convertido en símbolo del estancamiento de la obra pública. A pesar de ser una vía clave para mejorar la conectividad en una zona con alto crecimiento poblacional, la carretera ha permanecido inconclusa durante más de siete años, afectando a miles de residentes que dependen de rutas alternas congestionadas y poco seguras.

Ese proyecto beneficiaría más de 140 mil personas, facilitando el tránsito diario, reduciendo los tiempos de traslado y generando oportunidades económicas para comercios locales. No obstante, mientras el proyecto sigue detenido, los ciudadanos continúan enfrentando tranques, deterioro vial y una menor calidad de vida.

Este caso no es aislado. En el interior del país, se inauguró este año el intercambiador vial de Chitré después de estar paralizado durante años, con apenas un avance parcial desde su inicio en 2017. La obra, concebida para aliviar el congestionamiento vehicular, generó el efecto contrario: más tráfico, afectaciones al comercio y frustración entre los usuarios.

Incluso hay proyectos que han pasado décadas en el abandono. En la provincia de Veraguas, una carretera que conecta varios distritos estuvo más de 50 años sin concretarse, convirtiéndose en una promesa histórica incumplida para comunidades enteras que han luchado durante generaciones por acceso digno a infraestructura vial.

Todos estos ejemplos reflejan una misma realidad: el costo de las obras abandonadas lo paga el ciudadano.

No se trata únicamente de dinero perdido —aunque las cifras son millonarias—, sino de tiempo, oportunidades y bienestar. Cada carretera inconclusa implica horas adicionales en el tráfico, mayores gastos en transporte, dificultades para acceder a servicios básicos y menos desarrollo para las comunidades.

Por eso, iniciativas como el proyecto de ley 276 apuntan a un cambio necesario: establecer responsabilidades por primera vez. Se contempla el castigo, y también requiere planificación eficiente, supervisión constante y, sobre todo, una visión de Estado que garantice la continuidad de los proyectos más allá de los ciclos políticos.

“De nada sirve iniciar proyectos que, después, el siguiente administrador de todos los panameños, que es el presidente de la República, va a decidir pararlos por algún tipo de celo político. Yo creo que tenemos que empezar a penalizar esto, para que de una forma u otra haya consecuencias claras para los responsables que, por politiquerías, deciden abandonar estas obras”.

José Pérez Barboni Diputado

Agregó que "pensar en el ciudadano implica cambiar la lógica con la que se gestionan las obras públicas. Más allá de cortar la cinta inaugural, cada proyecto debe cumplir su propósito".

Porque al final, una carretera es asfalto y, además, acceso a empleo, educación, salud y oportunidades. Y cuando esa carretera no se termina, lo que queda inconcluso no es la obra, sino el desarrollo del país.