¿Hay futuro para el transporte 'de lujo'?

No hay claridad sobré cómo se mantendrá en actividad la movilidad por plataformas digitales, también llamado transporte "de lujo". Algunos plantean "domesticarlo" y convertirlo en parte del transporte tradicional, con certificados de operación, otros que se regule, pero se mantenga independiente. No hay consenso.

Los conductores de las plataformas rechazaron este martes afiliarse a prestatarias y exigieran que sean las propias empresas tecnológicas las que asuman los aportes económicos que hoy, aseguran, recaen sobre los trabajadores. La plataforma InDrive llamó a proteger la actividad de miles de conductores independientes y limitar la flexibilidad laboral que caracteriza al servicio. La empresa sostuvo que requisitos como la afiliación obligatoria a prestatarias, certificados operativos y nuevas exigencias para los vehículos trasladaban el modelo digital hacia un esquema similar al transporte tradicional.

El Gobierno, por su parte, pretende que todas las personas que se dediquen a esta actividad cuenten con certificados de operación, los vehículos tengan un máximo de siete años, seguro vigente y placa TL (táxi de lujo) visible, una regulación de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y con ello, se podrá conocer quiénes están movilizando a los usuarios en distintas partes del país.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo explicó que se requiere "orden y disciplina, y regular una actividad que opera parcialmente en la ilegalidad".

La propuesta de los conductores de plataformas, sin embargo, es apostar por la modernización y estar lejos del control gremial.

Luis Rodríguez, vocero de los conductores de plataformas digitales, sostuvo que el gremio no aceptará “de ninguna forma” una afiliación forzada y planteó que, si las concesionarias enfrentan problemas de liquidez, entonces las plataformas deberían absorber ese porcentaje de contribución.

La postura marca distancia con el modelo tradicional del transporte y refuerza la tensión con las prestatarias vinculadas a la Cámara Nacional de Transporte (Canatra), a las que el gremio ve como parte del problema y no de la solución.

Rodríguez cuestionó además que miembros de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre participen en las negociaciones si tienen cupos, intereses familiares o vínculos con prestatarias.

Los conductores piden garantías para evitar represalias contra quienes participen en las discusiones o impulsen propuestas de regulación. También sostienen que la responsabilidad económica no debe trasladarse al trabajador independiente, sino a las empresas que operan la intermediación tecnológica y se benefician del servicio.

Panamá enfrenta la tarea de definir si el transporte por aplicaciones será tratado como una extensión del modelo de concesiones o como una actividad distinta, con reglas propias. Esa decisión no solo impactará a los conductores y a las plataformas, sino también a prestatarias, autoridades y usuarios.

Mientras tanto, los dirigentes de plataformas aseguran que darán la batalla en la mesa de negociación con propuestas “innovadoras” y con la intención de evitar que el debate se convierta en una imposición. El desenlace dependerá de si el Gobierno logra construir un marco legal equilibrado, capaz de ordenar el sector sin asfixiarlo ni favorecer a unos actores sobre otros.