¿Adiós a Uber e InDrive en Panamá? Conductores advierten sobre derogación del Decreto 331

La posible derogación del Decreto Ejecutivo 331 de 2017, que regula el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte en Panamá, ha encendido las alarmas entre los conductores que operan a través de estas aplicaciones.

Mientras las autoridades se preparan para modificar el marco legal actual, representantes del gremio acusan falta de inclusión en el proceso de diálogo y temen que los cambios respondan a presiones del sector del transporte tradicional, en detrimento de miles de familias que dependen de este modelo para subsistir.

En este contexto, Omar Jaén, presidente de la Asociación de Conductores de Plataformas, ofrece su visión sobre la situación actual del sector, los desafíos que enfrentan ante una posible reforma y las implicaciones sociales y legales que tendría la eliminación del decreto que respalda su actividad. A continuación, la entrevista completa:

¿Cuál es su punto de vista sobre la situación actual de las plataformas digitales de transporte en Panamá?

En Panamá, llevamos casi 11 años con este servicio. Desde 2014, estas plataformas han brindado un servicio que ha sido aceptado por la comunidad y se ha convertido en parte de la actividad comercial y laboral del país. No somos una novedad; hemos ocupado un espacio dentro del comercio y el trabajo del país.

¿Han sido los conductores de plataformas digitales incluidos en las conversaciones con las autoridades sobre nuevas regulaciones?

No. Nos parece inconsulto que se nos quiera regular sin habernos invitado a ninguna reunión, mientras que los dirigentes del transporte tradicional, como taxis, buses y transporte turístico, sí han sido parte de esas conversaciones. Hemos hecho gestiones para participar, pero no hemos recibido la oportunidad.

Se menciona la derogación del Decreto 331, que es la base de nuestra actividad comercial. Nuestra pregunta es: ¿Cuenta el gobierno con un decreto actualizado antes de eliminar de un solo plumazo una actividad que ha brindado seguridad, confianza y un servicio justo a los panameños? ¿Está preparado el país para la vorágine que se desataría si se cumple esa amenaza promovida por sectores fundamentalistas del transporte tradicional?

¿Qué consecuencias podría traer la derogación del Decreto 331?

Si el gobierno elimina esta actividad sin un plan claro, sabemos que esto generará demandas. En el pasado, cuando se intentó modificar el cobro en efectivo o limitar el uso de plataformas a ciertas áreas, la Asociación de Usuarios Libres demandó y la Corte Suprema falló a favor de los usuarios, reconociendo su derecho a acceder a estos servicios.

Derogar el decreto sin un sustituto justo impactará a miles de conductores y consumidores que han confiado en este sistema por años. Nos preocupa que el objetivo no sea organizar el transporte de manera integral, sino simplemente eliminar la competencia.

¿Existe una convivencia sana entre los taxistas y los conductores de plataformas digitales?

Lamentablemente, aunque hemos intentado acercamientos con algunos líderes del sector tradicional, la posición sigue siendo intransigente y fundamentalista. La Ley 14 de 1993, que regula el transporte, no contemplaba la existencia futura de las plataformas, pero sí permitió el concepto de "transporte privado de lujo", con lo que se basó el Decreto 331.

El problema de fondo es el negocio de los cupos. En Panamá, un cupo puede costar entre $2,000 y $6,000, lo cual ha generado un sistema corrupto. Los cupos deberían ser administrados por el Estado y no por concesionarias que lucran con ellos. Antes de atacar a las plataformas, deberían corregir esta situación.

Los taxistas argumentan que ellos han incurrido en costos que los conductores de plataformas no tienen, como el pago de cupos y la pintura amarilla. ¿Cómo se podría equiparar esto?

Es importante entender que no estamos en contra de los taxistas, sino de quienes manejan el negocio de los cupos de manera corrupta. Nuestra propuesta es que todos puedan participar en las plataformas digitales, pero con categorías diferenciadas. De esta manera, los clientes podrían elegir entre un taxi amarillo, un vehículo particular, un busito o un servicio premium, con tarifas establecidas mediante un estudio técnico.

El Estado debe intervenir para evitar abusos de las plataformas sobre los conductores. Actualmente, las plataformas deciden las tarifas y condiciones unilateralmente, perjudicando a los trabajadores. Es necesario que se regule para garantizar justicia para todas las partes.

¿Cómo podría lograrse un sistema de transporte más equitativo?

Debe crearse una ley que permita la participación equitativa de todos los sectores: taxistas, transporte turístico y conductores de plataformas. Todos podrían operar en una misma plataforma, pero respetando su nicho de mercado y con precios justos determinados por el gobierno. Así, los usuarios podrían elegir su tipo de servicio sin afectar la estabilidad de los conductores.

El gobierno tiene que intervenir de manera urgente para garantizar que ningún sector se vea afectado por la competencia desleal o por la explotación de las plataformas sobre los conductores.

¿Cuál sería su petición a las autoridades?

Esperamos que la Autoridad de Tránsito contemple todos los puntos de vista, porque muchas familias panameñas dependen de este negocio y muchos usuarios utilizan estos servicios a diario. Las plataformas como Uber, InDrive, Didi y otras han venido a dar una alternativa importante de movilidad. Ahora el reto está en encontrar una regulación justa que beneficie a todos.