El obstáculo invisible de la movilidad eléctrica

La movilidad eléctrica llegó a nuestras calles, ya es una realidad cotidiana, pero quienes la adoptan se topan con obstáculos que no siempre aparecen en los balances: llegar a una estación de recarga y encontrarla fuera de servicio por vandalismo; toparse con equipos dañados; encontrarse a un vehículo no eléctrico utilizando el estacionamiento o sufrir la incertidumbre de sistemas de pago y recarga que fallan cuando más se necesitan. Hay una falta de cultura para respetar la infraestructura.

Esas fricciones generan ansiedad e inconformidad en una tecnología que, para funcionar a gran escala, necesita algo más que enchufes: requiere seguridad, reglas claras y vigilancia constante.

En Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y en el marco legal ya existen pasos hacia esa regulación: la ley que incentiva la movilidad eléctrica y su reglamentación establecen obligaciones sobre la habilitación y señalización de estacionamientos preferenciales y procedimientos técnicos para operar estaciones de carga. Sin embargo, que exista la norma no es suficiente si su aplicación queda en papel y sin monitoreo.

En redes y medios se repiten quejas y reportes puntuales: usuarios que publican fotografías de equipos dañados, denuncias de cortes por sabotajes a la red y reclamos sobre estaciones fuera de servicio. Ese ruido público es un termómetro útil: muestra puntos críticos y patrones que las autoridades y los operadores deberían rastrear para priorizar reparaciones y medidas preventivas.

La raíz del problema es cultural. Hace falta que la sociedad entienda que esos puestos responden a los pioneros de los autos eléctricos. Los primeros que se aventuraron a comprar este tipo de vehículos. Las placas verdes que los debe identificar es algo pendiente.

Merecen un trato especial: que existan protocolos de seguridad y respuesta frente al vandalismo; y que los medios y campañas educativas expliquen cómo usar, respetar y denunciar el mal uso de la infraestructura. Mientras eso no ocurra, cada estación vulnerable será un punto débil que desalienta la adopción del vehículo eléctrico.

Se requiere mejorar en sistemas de monitoreo y protección (cámaras, iluminación, alarmas) en toda estación de carga pública. La ley debe incorporar un régimen de inspecciones periódicas y multas graduales por mal uso (ocupación indebida, sabotaje comprobado), además de imponer a los operadores tiempos máximos de respuesta y reparación respaldados por un fondo de garantía para mantenimiento.

Si se redacta una nueva ley debería incluir campañas nacionales de divulgación y un canal único de denuncia en línea para concentrar reportes y facilitar la identificación de zonas críticas, todo ello apoyado por incentivos fiscales para comercios que demuestren cumplimiento y buenas prácticas de operación.