EE.UU. retrocede en su política ambiental: ¿qué significa para los autos y el planeta?

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha presentado una propuesta que podría transformar profundamente el futuro de los vehículos en Norteamérica y más allá. El organismo liderado por el administrador Lee Zeldin anunció el 29 de julio su intención de revocar el Endangerment Finding, el hallazgo de 2009 que permitió regular las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) bajo la Ley de Aire Limpio.

Lee Zeldin, Administrador U.S. Environmental Protection Agency (EPA) | Fuenta: EPA

Esta medida busca eliminar las normas que desde 2010 han impulsado a los fabricantes a producir vehículos más eficientes y menos contaminantes, incluyendo los actuales mandatos para autos eléctricos.

El Endangerment Finding fue el fundamento legal utilizado por las administraciones de Obama y Biden para establecer regulaciones sobre emisiones de CO₂ y otros GEI en sectores como el transporte y la generación eléctrica. Bajo esta figura legal, la EPA adoptó estándares que obligaban a las marcas a reducir el consumo de combustible, disminuir emisiones contaminantes y acelerar la transición hacia vehículos eléctricos e híbridos.

Con la revocación propuesta, la EPA eliminaría todos los estándares de emisiones de GEI para autos y camiones ligeros, medianos y pesados, desde las regulaciones de 2010 hasta las más recientes aprobadas bajo la presidencia de Biden. Esto incluye reglas que habrían exigido que más del 50% de los vehículos nuevos vendidos en 2030 fueran eléctricos o híbridos enchufables.

Según la EPA, la eliminación de estas regulaciones podría ahorrar hasta $54 mil millones anuales en costos para consumidores y empresas. Sin embargo, el análisis oficial omite los impactos en salud pública, costos a largo plazo por consumo de combustible y efectos climáticos.

La medida fue presentada por Zeldin en un concesionario de camiones en Indiana, acompañado por funcionarios federales y estatales, como el Secretario de Energía Chris Wright y el gobernador de Indiana Mike Braun. En su intervención, Zeldin afirmó que “la EPA de Obama y Biden torció la ley y manipuló la ciencia para imponer su visión ideológica”, y aseguró que “el verdadero riesgo para los estadounidenses no es el CO₂, sino las normas que lo regulan”.

La administración Trump ha calificado estas regulaciones como una forma de “impuesto oculto” que limita la elección del consumidor y eleva los costos de productos transportados por camiones. El American Petroleum Institute celebró la decisión como “un paso crítico para restaurar la libertad de los estadounidenses de decidir qué conducir”.

Críticas desde el ámbito ambiental y científico

Organizaciones como el Environmental Defense Fund, Natural Resources Defense Council y Moms Clean Air Force han reaccionado con firmeza contra la propuesta. Fred Krupp, presidente del EDF, aseguró que “si no hay límites a la contaminación, habrá más contaminación”, mientras que Kathy Harris del NRDC calificó la decisión como “un obsequio a la industria petrolera” que “costará a los conductores $6,000 más en combustible y mantenimiento”.

Expertos como Joseph Goffman, exfuncionario de la EPA, señalaron que las proyecciones económicas presentadas por la agencia son “especulativas y manipuladas” al depender de escenarios de precios del combustible poco realistas. De hecho, un análisis previo de la EPA bajo Biden estimó que las regulaciones actuales generarían $2.1 billones en beneficios netos en 30 años, incluyendo $820 mil millones en ahorros de combustible y $1.8 billones en beneficios sanitarios y climáticos.

¿Qué opinan los fabricantes?

Aunque sectores como el petróleo y el transporte de carga aplauden la propuesta, la industria automotriz ha adoptado una postura más cautelosa. La Alliance for Automotive Innovation, que representa a todos los fabricantes importantes excepto Tesla, declaró que las normas actuales “no son viables y deben ser revisadas”, pero también defendieron la necesidad de una regulación estable y clara.

Ford, por su parte, manifestó que “se necesita un estándar único y estable que reduzca las emisiones con base científica y que esté alineado con la elección del consumidor”. La marca también insistió en que una transición exitosa debe preservar la competitividad de la industria estadounidense.

La propuesta debe someterse a un proceso de comentarios públicos hasta el 21 de septiembre de 2025, y se esperan audiencias durante el mes de agosto. Organizaciones ambientales, estados como California y expertos en salud pública ya han anunciado que presentarán demandas si la revocación se aprueba, al considerar que la EPA estaría incumpliendo su mandato legal de proteger la salud y el medio ambiente.

Aunque estas regulaciones son específicas de EE.UU., su impacto se extiende más allá. La industria automotriz global responde a los estándares del mercado norteamericano, que es uno de los más grandes del mundo. Una relajación de las normas podría ralentizar la innovación en eficiencia energética y tecnologías limpias, y prolongar la comercialización de vehículos menos eficientes en mercados emergentes como Centroamérica.

Mientras el mundo atraviesa por altos precios del combustible y los incentivos para vehículos eléctricos son limitados, los consumidores en la región podrían verse afectados indirectamente con autos más costosos de operar a largo plazo o con menor disponibilidad de tecnologías limpias.

¿Es esta realmente una victoria para los conductores y fabricantes, o un retroceso con consecuencias globales?