Aseguradoras pagan $194 millones por siniestros de autos y entran en vigencia nuevas reglas para calcular las reparaciones

El aumento de los accidentes de tránsito y los millonarios desembolsos de las compañías de seguros por daños a vehículos forman parte del escenario en el que Panamá ha establecido nuevas reglas para calcular la depreciación de las piezas originales utilizadas en las reparaciones de automóviles.

Entre enero y septiembre de 2026, las aseguradoras pagaron $194.1 millones correspondientes a 190,429 siniestros de automóviles, según las estadísticas de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP). De ese monto, $101.8 millones correspondieron a 115,076 casos pagados por pérdidas parciales, una de las principales categorías de reclamaciones del sector.

Las cifras adquieren mayor relevancia ante el incremento de los accidentes de tránsito. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), entre enero y julio de 2026 se registraron 30,867 accidentes en Panamá, frente a los 28,798 reportados durante el mismo período de 2025.

La diferencia representa 2,069 accidentes adicionales y un crecimiento de 7.2% en siete meses. Las víctimas fatales también aumentaron, al pasar de 196 a 230 personas, lo que equivale a un incremento de 17.3%.

En medio de este panorama, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros estableció una tabla de depreciación homologada para determinar el valor de las piezas originales en los reclamos por pérdidas parciales de automóviles.

La medida está contenida en la Resolución DG-SSRP 13-2026, del 12 de octubre, publicada en la Gaceta Oficial 30636-A del 16 de octubre de 2026, y comenzó a aplicarse desde su promulgación.

La nueva regulación busca establecer criterios uniformes para calcular la depreciación de las piezas de los vehículos, tomando en consideración su antigüedad y si se destinan al uso particular o comercial.

Uno de los principales cambios es que los porcentajes quedan definidos mediante parámetros oficiales, con el propósito de reducir las diferencias de criterios que pueden surgir entre aseguradoras, propietarios de vehículos y terceros afectados durante la tramitación de un reclamo.

Para los automóviles particulares de hasta tres años de antigüedad, la tabla establece una depreciación del 0%. A partir del cuarto año, el porcentaje aumenta progresivamente: 5% para vehículos de cuatro años, 10% para cinco años, 15% para seis años y 20% para siete años.

Un automóvil particular de ocho años tendrá una depreciación del 25%, mientras que para uno de diez años será del 35%. El porcentaje máximo establecido es del 50%, aplicable a partir de los 13 años de antigüedad.

En el caso de los vehículos comerciales, los porcentajes son superiores. Para una unidad de cinco años se contempla una depreciación del 15%, mientras que una de diez años alcanza el 40%. El límite máximo del 50% se aplica desde los 12 años.

Estos porcentajes corresponden al valor de las piezas originales y no significan necesariamente que el propietario deba asumir la misma proporción del costo total de reparación, pues intervienen las condiciones de la póliza, las coberturas contratadas y las características del reclamo.

La resolución también establece condiciones especiales para los vehículos nuevos adquiridos en agencias. Cuando mantienen vigente la garantía del fabricante o concesionario y cumplen los requisitos correspondientes, las aseguradoras deben reconocer el 100% del valor de las piezas originales, sin aplicar depreciación durante el período de garantía, hasta un máximo de tres años.

Sin embargo, una vez cumplidos los tres años de antigüedad, las compañías podrán utilizar como primera alternativa repuestos genéricos o usados, siempre que estén disponibles y sean técnicamente adecuados y compatibles con el automóvil.

En estos casos, la aseguradora reconocerá el 100% del valor cotizado por el proveedor y aprobado por la compañía. Cuando no existan repuestos compatibles disponibles, podrá utilizarse como referencia el precio de las piezas originales, aplicando la depreciación correspondiente.

Otro aspecto importante es la obligación de las aseguradoras de informar a sus clientes sobre la tabla de depreciación aplicable e incorporarla en las condiciones de los contratos.

Para las pólizas vigentes que no cuenten con una tabla establecida, se utilizará la homologada. En el caso de los terceros afectados, su aplicación será independiente de las condiciones pactadas entre la aseguradora y el titular del seguro.

La normativa permite que las compañías establezcan porcentajes de depreciación inferiores a los fijados oficialmente. También contempla excepciones para determinados productos especiales que cuenten con tablas aprobadas por la Superintendencia.

Asimismo, obliga a trasladar a los asegurados o terceros afectados los descuentos que concedan los proveedores de repuestos y establece reglas sobre los costos de importación de piezas que no estén disponibles en el mercado local.

La Superintendencia reconoce que las distintas metodologías utilizadas para calcular la depreciación habían generado controversias que podían afectar los tiempos de resolución y pago de las reclamaciones.

Con la nueva regulación se pretende ofrecer mayor transparencia y criterios verificables en un mercado donde los daños vehiculares movilizan millones de dólares cada año.

Para los conductores, conocer las condiciones de sus pólizas y los porcentajes de depreciación aplicables será fundamental al momento de reclamar una reparación. La medida también representa un cambio para aseguradoras, talleres y distribuidores de repuestos, que deberán ajustarse a los nuevos parámetros establecidos por el regulador.