Taxis vs plataformas digitales: se inclina la balanza

La discusión sobre el futuro del transporte selectivo en Panamá vuelve a intensificarse. Las recientes declaraciones y acciones de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) es una señal de mayor cercanía con las demandas de los taxistas tradicionales, mientras las peticiones de las plataformas digitales de transporte no han tenido eco en las autoridades. Las plataformas se niegan a operar bajo la influencia de concesionaras de transporte.

Uno de los puntos es la intención de desarrollar una plataforma tecnológica para los taxistas. En principio, la digitalización del servicio puede ser positiva porque permitiría modernizar un sector que durante años ha perdido terreno frente a aplicaciones privadas. Sin embargo, el debate surge cuando esta iniciativa se combina con propuestas regulatorias que, según las empresas de plataformas, podrían imponer nuevas restricciones a su operación o crear condiciones desiguales de competencia.

Todavía no se atienden los reclamos y críticas por la aprobación del Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026, mediante el cual la autoridad fijará las tarifas, lo que implica pasar de un modelo de libre mercado a uno de control estatal.

La empresa tecnológica inDrive advirtió que el Decreto Ejecutivo No. 10 de 16 de abril de 2026 podría generar efectos negativos en la oferta del servicio y en las oportunidades de ingreso para miles de conductores.

Los taxistas reclaman que están sujetos durante décadas a requisitos, permisos, tarifas reguladas y obligaciones que las plataformas no enfrentan. Bajo esa óptica, consideran que el Estado debe equilibrar el mercado para evitar que miles de conductores tradicionales continúen perdiendo ingresos.

Las plataformas digitales, por su parte, sostienen que el consumidor ha sido quien ha definido el mercado. La posibilidad de solicitar un viaje desde el teléfono, conocer el costo con anticipación, calificar al conductor y realizar pagos electrónicos transformó la movilidad urbana. Si todo esto termina se perjudica a los usuarios.

El reto para la ATTT consiste precisamente en encontrar un equilibrio. Si la regulación favorece a un solo sector, corre el riesgo de enviar una señal sobre el ambiente de inversión en la economía digital.

Panamá ha promovido durante años la innovación tecnológica y la atracción de empresas digitales; por ello, las reglas del transporte también son observadas como un indicador de la seguridad jurídica para nuevos modelos de negocio.

En ciudades donde existe competencia entre taxis y plataformas, normalmente se observan mejoras en la calidad del servicio, mayor disponibilidad de vehículos y una presión competitiva que incentiva mejores precios y atención al cliente. Reducir esa competencia podría traducirse en menos opciones para los usuarios.

Eso no significa que las plataformas deban operar sin regulación. La seguridad de los pasajeros, los seguros, la protección de datos, las obligaciones tributarias y los estándares mínimos de servicio son elementos que deben formar parte de un marco regulatorio moderno. Sin embargo, ese marco debería buscar igualdad de condiciones y no convertirse en un mecanismo para limitar la competencia.

La creación de una plataforma para taxistas también representa una oportunidad si se desarrolla bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad.

El desafío es cuál será el modelo de movilidad que Panamá quiere impulsar durante la próxima década: uno basado en la protección de sectores tradicionales mediante mayores restricciones o uno que fomente la competencia, la innovación y la modernización de todos los actores.