Proyecto busca reforzar garantías, repuestos y tiempos de reparación de autos

Comprar un vehículo nuevo no termina con la entrega de las llaves. La disponibilidad de repuestos, la respuesta del taller, el cumplimiento de la garantía y el tiempo que un automóvil permanece inmovilizado se han convertido en aspectos determinantes de la relación entre las concesionarias y sus clientes en Panamá.

Esos temas forman parte del proyecto de ley 577 que analiza la Asamblea Nacional y que busca regular la operación de concesionarias y distribuidores de vehículos automotores, además de establecer nuevas obligaciones relacionadas con servicio técnico autorizado e inventarios de repuestos. La iniciativa todavía se encuentra en proceso legislativo y sus disposiciones pueden ser modificadas.

Uno de los cambios propuestos tendría efecto directo sobre el servicio posventa. El proyecto establece que las concesionarias deberán disponer de talleres autorizados, propios o contratados, con equipos de diagnóstico, personal certificado y capacidad para atender reparaciones mecánicas, eléctricas y electrónicas. Las empresas que comercialicen más de 500 vehículos al año tendrían además que garantizar cobertura técnica regional.

La disponibilidad de piezas es otro de los puntos centrales. La propuesta plantea mantener un inventario mínimo de repuestos críticos equivalente al 3% del parque vehicular vendido de la marca o suficiente para cubrir 60 días de demanda. Cuando una pieza no esté disponible, su importación tendría que solicitarse dentro de un máximo de cinco días hábiles y, para componentes de hasta 25 libras, se propone el transporte por vía aérea.

Para el cliente, uno de los artículos con mayor impacto potencial está relacionado con los automóviles que pasan meses dentro de un taller. El proyecto contempla que, si un vehículo permanece más de 90 días calendario en reparación debido a falta de repuestos o incapacidad técnica, el consumidor pueda exigir el reemplazo del automóvil o la devolución total del dinero.

Sin embargo, el consumidor panameño ya cuenta actualmente con derechos específicos en materia de garantía. La reglamentación de protección al consumidor establece que los proveedores de vehículos nuevos deben ofrecer una garantía mínima de un año o 30,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Si la garantía del fabricante resulta más favorable, debe respetarse esa condición.

La normativa vigente también obliga a fabricantes, importadores, distribuidores y vendedores a asegurar durante la garantía un servicio técnico adecuado y el suministro oportuno de piezas y repuestos. Cuando corresponde aplicar la garantía, el consumidor tiene derecho a la reparación gratuita y, cuando esta no sea posible, al reemplazo del bien o a la devolución de lo pagado, según las condiciones establecidas por la legislación.

Además, cuando una reparación cubierta por garantía supera los 30 días, el periodo de garantía se prorroga por un tiempo equivalente al utilizado para resolver el problema. La regulación también establece que el proveedor no puede alegar que la garantía venció respecto de una falla reclamada dentro del periodo correspondiente y que todavía no haya sido solucionada satisfactoriamente.

Las cifras de Acodeco muestran por qué la relación entre compradores y vendedores de automóviles continúa siendo un tema relevante. Entre enero y abril de 2026 se recibieron 76 quejas relacionadas con autos nuevos por B/.1.36 millones. De estas, 61 correspondieron específicamente a incumplimientos de garantía, por un monto superior a B/.1.15 millones.

El proyecto 577 también contempla un régimen de sanciones para los agentes económicos que incumplan las nuevas obligaciones propuestas. Las multas planteadas van de B/.10,000 a B/.50,000 por incumplimientos relacionados con talleres autorizados, de B/.5,000 a B/.25,000 por falta del inventario requerido de repuestos y de B/.2,000 a B/.20,000 por determinados incumplimientos de garantía. En caso de reincidencia, las sanciones podrían alcanzar B/.100,000.

Acodeco y el Ministerio de Comercio e Industrias tendrían funciones de supervisión sobre aspectos contemplados en el proyecto. Durante las consultas legislativas también han participado representantes del sector automotor, entre ellos la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá, además de otros gremios empresariales.

La discusión puede cambiar de manera la relación concesionaria-cliente si el proyecto finalmente se convierte en ley. Para quien compra un automóvil, el precio y el equipamiento son solo una parte de la decisión: la existencia de repuestos, la capacidad del taller, la garantía y el tiempo de respuesta después de la venta pueden terminar siendo igualmente importantes.