Postergan obligación de informar el precio total a pagar

La obligación que deben cumplir los establecimientos de exhibir, de manera visible y accesible, el precio total a pagar, incluyendo los impuestos y tasas aplicables fue puesto en pausa y no estarán vigentes los efectos de la Ley 473 de 2025, que establece las reglas sobre protección al consumidor y defensa de la competencia en la República de Panamá, que

El tercer debate del Proyecto No. 558; Que modifica la vigencia de la Ley 473 de 2025, que modifica la Ley 45 de 2007, sobre protección al consumidor y defensa de la competencia, precisa esta pausa, que surgió de un acuerdo con los comerciantes.

Dicha norma estableció la obligación de que los bienes y servicios ofertados al público exhiban, de manera visible y accesible, el precio total a pagar, incluyendo los impuestos y tasas aplicables, a fin de que el consumidor conozca, desde el primer momento, el monto final de la transacción.

Mediante esa legislación, se modificaron los artículos 56 y 64 de la Ley 45 de 2007, con la de finalidad de fortalecer el régimen jurídico de los derechos del consumidor, así como reforzar los principios de transparencia, información veraz y claridad en las relaciones de consumo en nuestro país.

Esta disposición siguió estándares de protección al consumidor y procura fortalecer la confianza en el mercado mediante la promoción de prácticas comerciales más claras, uniformes y previsibles.

Los diputados que apoyaron poner en pausa los efectos de la Ley 473 de 2025 expusieron principalmente razones relacionadas con su implementación y el impacto en el sector comercial.

Señalaron que muchos establecimientos, especialmente pequeños y medianos, no estaban preparados para ajustar sus sistemas de facturación, etiquetado y exhibición de precios con impuestos incluidos, lo que implicaba costos adicionales en tecnología, capacitación y logística.

También indicaron que la entrada en vigencia fue considerada apresurada, por lo que el sector comercial solicitó más tiempo para adecuarse sin afectar su operación ni exponerse a sanciones por incumplimientos.

La decisión de suspender temporalmente la aplicación de la norma surgió además de un acuerdo con los comerciantes, con el objetivo de evitar fricciones económicas y permitir una implementación más ordenada.

Algunos diputados advirtieron sobre el riesgo de impactos en los precios y la competitividad si la medida se aplicaba de inmediato, mientras que otros señalaron la necesidad de contar con una reglamentación más clara que evite interpretaciones ambiguas.

Se planteó la importancia de proteger la estabilidad de los negocios y el empleo, optando por una transición gradual, pese a que el objetivo de la ley —fortalecer la transparencia en beneficio del consumidor— mantiene respaldo.