Empresas y entidades deberán reforzar avisos y controles en zonas de construcción

Las empresas y entidades responsables de obras públicas en Panamá deberán cumplir mayores exigencias de señalización para proteger a conductores y peatones, luego de que el Proyecto de Ley 234 avanzara hacia la revisión del Órgano Ejecutivo. La iniciativa busca que las zonas intervenidas cuenten obligatoriamente con avisos visibles y medidas de seguridad que adviertan sobre trabajos, desvíos, cambios de carril y otros riesgos.

El proyecto fue presentado originalmente el 3 de febrero de 2025 por el diputado Jorge González como Anteproyecto de Ley 316. En su exposición de motivos se advertía que la falta de señalización adecuada en áreas donde se ejecutan obras había contribuido a accidentes, congestión vehicular y dificultades para la circulación segura. Posteriormente fue prohijado y pasó a convertirse en el Proyecto de Ley 234.

Durante su discusión legislativa, González sostuvo que era necesario poner orden en la señalización de las obras, sin importar si se trata de proyectos grandes o pequeños. También planteó la necesidad de que los ciudadanos conozcan con anticipación cuándo se producirán cambios en las vías y de contar con personal capacitado para dirigir el tránsito. En septiembre de 2025 una subcomisión estudió seis propuestas de modificación para fortalecer la iniciativa.

El proyecto obtuvo primer debate el 29 de octubre de 2025. En aquella ocasión, González señaló que la intención era proteger y salvaguardar vidas y que cada obra debía respetar las condiciones de seguridad y colocar la señalización en los lugares adecuados. La propuesta permaneció posteriormente en la agenda del pleno para segundo debate durante varios meses, incluyendo sesiones de febrero y agosto de 2026.

Uno de los puntos relevantes de la propuesta original era que las señales definitivas de una obra fueran instaladas en un plazo máximo de un mes después de su inauguración. También contemplaba que los gobiernos locales notificaran a la ATTT con 15 días de anticipación cuando una obra pudiera afectar la circulación y presentaran un plan para reducir el impacto sobre el tránsito. Además, preveía reguladores de tráfico en las zonas donde los trabajos generaran congestionamientos y sanciones para las empresas que incumplieran las disposiciones.

En junio de 2022, un joven resultó lesionado después de caer con su vehículo en un tramo en reparación de la vía Ricardo J. Alfaro que, según reportes periodísticos, no contaba con la señalización correspondiente. El entonces ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, reconoció públicamente que había existido un problema con la señalización y anunció que se determinarían responsabilidades.

La situación también ha generado reclamos más recientes. En marzo de 2025 residentes de Panamá Norte denunciaron congestionamientos y problemas de movilidad asociados a las obras de ampliación de la vía Transístmica.

La propuesta, sin embargo, no parte de una ausencia total de regulación. El Decreto Ejecutivo 640 de 2006 ya asigna responsabilidades a la ATTT en materia de señales viales, mientras que la propia institución cuenta con un Departamento de Dispositivos de Tránsito encargado de confeccionar, instalar, mantener e inspeccionar la señalización horizontal y vertical. El argumento planteado desde la presentación del proyecto es que existen vacíos en cuanto a plazos, coordinación y responsabilidades específicas durante y después de la ejecución de las obras.

La discusión cobra relevancia en momentos en que Panamá mantiene elevados niveles de siniestralidad vial. Hasta mediados de junio de 2026 se habían contabilizado 18,043 accidentes de tránsito y 172 víctimas fatales en el país, según cifras de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito. Estos datos corresponden a la siniestralidad general y no significan que los hechos estén relacionados específicamente con obras mal señalizadas, pero reflejan el contexto de seguridad vial en el que se impulsa la nueva regulación.

Con el avance del Proyecto de Ley 234 hacia el Ejecutivo, la discusión pasa ahora de la Asamblea a la Presidencia de la República. De recibir la sanción correspondiente, las medidas buscarán convertir la señalización de las obras públicas en una obligación más claramente definida y fiscalizada, con responsabilidades para las instituciones y empresas involucradas y con un objetivo que afecta directamente al ciudadano: que una construcción o reparación vial no se convierta en un riesgo adicional para quien conduce o camina por las calles del país.