ATTT asume regulación y fiscalización de transporte con plataformas digitales

El Gobierno de Panamá oficializó un nuevo marco regulatorio para el transporte operado mediante plataformas digitales, al promulgar el Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026, publicado en Gaceta Oficial. La norma sustituye el Decreto 331 de 2017 y establece nuevas reglas para el servicio de Transporte Terrestre Público Selectivo de Lujo solicitado a través de tecnologías digitales.

Con esta decisión, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) asumirá funciones de regulación, registro, fiscalización y control del servicio en todo el país. Además, la entidad tendrá la facultad de definir tarifas con base en estudios técnicos, tomando en cuenta costos operativos, condiciones del vehículo y estándares de comodidad.

Entre los principales requisitos establecidos para los vehículos se incluye una antigüedad máxima de siete años al momento de iniciar operaciones, capacidad entre cinco y siete pasajeros, aire acondicionado, cinturones de seguridad, póliza vigente para pasajeros, placa especial con nomenclatura “TL” y calcomanía visible autorizada por la ATTT.

Para los conductores, el decreto exige ser de nacionalidad panameña, poseer licencia tipo E-1, mantener historial de infracciones al día y presentar récord policivo sin sanciones penales en los últimos diez años. También deberán estar avalados por una prestataria u organización de transporte autorizada.

La normativa permite pagos en efectivo y por medios electrónicos, aunque obliga a ofrecer al menos una opción digital. Algunas disposiciones entrarán plenamente en vigor luego de un periodo de transición de tres meses para facilitar la adecuación de conductores, empresas y plataformas tecnológicas.

El nuevo decreto surge en medio de recientes reclamos de conductores de aplicaciones que pedían regulación formal, inclusión en beneficios estatales y mayor seguridad jurídica para continuar operando en Panamá.

Durante los últimos años, uno de los principales reclamos de los conductores que laboran mediante plataformas digitales fue la exclusión de programas de apoyo estatal, especialmente en momentos de alza del combustible.

A diferencia del transporte selectivo tradicional, muchos operadores de aplicaciones no podían acceder a subsidios o compensaciones económicas debido a que no figuraban dentro de un esquema regulado formalmente por el Estado.

Esta situación generó protestas y llamados al Gobierno para reconocer el impacto económico que enfrentaban miles de conductores que dependen de esta actividad como fuente principal de ingresos.

Hasta ahora, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) mantenía un rol limitado frente a este sector, ya que las plataformas operaban bajo normas parciales y sin una estructura de supervisión tan definida como la del taxi o transporte colectivo.

La falta de un marco actualizado dificultaba procesos como el registro oficial de conductores, control de flota, fiscalización de requisitos vehiculares y aplicación uniforme de sanciones. Con el nuevo decreto, la entidad pasa a tener mayores competencias para ordenar y monitorear el funcionamiento de este mercado.

El crecimiento acelerado de este servicio también ha estado acompañado de diversos desafíos. Entre ellos destacan quejas de usuarios por tarifas dinámicas elevadas en horas pico, cancelaciones frecuentes de viajes, demoras en áreas de alta demanda y preocupaciones relacionadas con seguridad, identidad de conductores y estado mecánico de algunos vehículos.

Los conductores han denunciado comisiones altas cobradas por las plataformas, competencia desleal y falta de estabilidad en sus ingresos, factores que han mantenido el debate abierto sobre la necesidad de reglas claras para todos los actores del sistema.