Aprobado en primer debate proyecto de indemnización por daños en las vías públicas

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 311, impulsado por el diputado José Pérez Barboni, que busca establecer la responsabilidad civil de las instituciones públicas —y de empresas que operan por concesión o contrato estatal— para indemnizar daños a vehículos de particulares, empresas y transporte público ocasionados por fallas en la infraestructura o por omisiones en su gestión.

El debate está abierto. La idea responde a una demanda ciudadana: conductores y empresas pagan hoy por desperfectos causados por baches, obras mal señalizadas o mantenimientos inconclusos. La propuesta contempla, según la documentación publicada, montos máximos por reclamación que han sido mencionados en el debate, y se ha discutido públicamente la posibilidad de indemnizar hasta montos en torno a 10 mil dólares por afectado en ciertos casos.

El proyecto introduce un principio de rendición de cuentas: si una entidad pública (o un concesionario encargado) causa o permite condiciones que lesionen o dañen bienes, debe asumir responsabilidad. Ese incentivo normativo puede presionar a ministerios, municipios y contratistas a priorizar mantenimiento, señalización y control de obras, y reducir la externalidad que hoy soportan conductores y empresas. Esa lógica fue explicitada por sus promotores al presentar la iniciativa como una medida para priorizar el mantenimiento vial.

Se está evaluando los efectos del proyecto porque podría abrir la puerta a reclamaciones masivas —incluso por daños menores que el conductor atribuya al mal estado de la vía— el Estado (o las municipalidades) pueden enfrentar un aumento significativo en obligaciones de pago. En el debate ya se han escuchado advertencias de diputados sobre la viabilidad y la carga que representaría para el erario y para la ejecución de obras públicas si no se acotan criterios y se hace una estimación fiscal rigurosa antes de avanzar.

Está pendiente un estudio de impacto fiscal y vinculante antes de convertirse en una ley.

La normativa debería precisar si la indemnización se exige por mera constatación del daño (responsabilidad objetiva) o sólo cuando exista culpa/negligencia probada en la administración, contratación o supervisión. El estándar elegido definirá la cantidad y facilidad de las reclamaciones. Se necesita realizar peritajes, plazos para presentar reclamación y protocolos de inspección, se corre el riesgo de litigios largos y costos procesales elevados.

Muchas vías y servicios están bajo contratos o concesiones (APP, contratistas, operadores). El proyecto debe regular expresamente la relación con estos contratos: ¿la obligación recae primero sobre el concesionario y, subsidiariamente, sobre el Estado? ¿Se podrá subrogar el derecho de cobro contra contratistas culpables? Todo esto para evitar inseguridad jurídica y conflictos entre Estado y privados.

El mecanismo de reclamación debe incluir: plazos breves para presentar reclamaciones; unidades técnicas independientes que certifiquen causa y cuantía; exclusiones por fuerza mayor); plazo para que la entidad corrija la falla antes de generar responsabilidad automática. El objetivo es que la ley puede ser disuasoria práctica.

El Proyecto 311 hace responsable a quienes administran la infraestructura por los daños que causar. Sin embargo, se deben afinar los criterios técnicos y fiscales, de acuerdo a algunos diputados para evitar generar una carga imprevista para el erario y una cascada de reclamos administrativos y judiciales.