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  • Foto del escritorEdsson Araúz

Se crea subcomisión para Proyecto de Movilidad Eléctrica

Un nuevo capítulo para promulgar una legislación sobre movilidad eléctrica se completó ayer con la decisión de crear una subcomisión legislativa para revisar el proyecto Ley 162. La subcomisión la presidirá el Dr. Víctor Castillo, Diputado por el circuito 8-8.

El diputado independiente, Edison Broce, responsable de la redacción del proyecto, indicó que trabaja desde hace un año en esta iniciativa y solicitó en la primera discusión del proyecto, la creación de una Subcomisión para el análisis en profundidad del proyecto. La medida fue aprobada por Comisión de Comunicación y Transporte, ahora el texto pasará a una revisión de cada artículo, y debe ser presentada para primer debate en un plazo máximo de 45 días.

“Consideramos que la iniciativa es oportuna porque se necesita modernizar el transporte y, a la vez, que se reduzca el impacto al medio ambiente”, indicó Broce “Más de 20 actores de la ciudadanía se han sumado a impulsar el proyecto y eso legitimiza la iniciativa legislativa”, resaltó el diputado.

Ayer trascendió una carta crítica sobre el Proyecto de Movilidad Eléctrica por parte de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP).

El principal problema es que el documento no es el producto de un consenso general, ya que no contaría con los aportes de todos los sectores involucrados.

De acuerdo a la carta “el proyecto es inaplicable y fuerte candidato a ser letra muerta en la legislación”. Se necesita una multiplicidad de cambios, cuya implementación depende de algunos sectores que puedan tener para cumplir con lo que se les exige.

Podrían subir los costos de los revisados, por la implementación del análisis de emisiones, se afectarán los ingresos del Estado al exonerar diversos impuestos, y según su redacción se verán afectados los propietarios de buses y taxis además de la Ley de Propiedad horizontal.

Ademá, los datos de consumo y rendimiento no se encuentran sustentados por datos técnicos que los avale. Lo mismo ocurre, con la obligaciones de construir estaciones de recarga, no tiene sustento en ningún estudio.

En 45 días el texto volverá a la comisión para su primer debate, donde se espera una mayor participación de los diferentes sectores relacionados con el transporte, energía y comercialización de vehículos del País.

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