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  • Foto del escritorEdsson Araúz

Opinión: Pacto por el derecho de circulación, el acuerdo faltante

Podríamos encontrar solución en algunos problemas. Es muy bueno que disminuya el precio del combustible, se atienda el tema de los alimentos y se rompan los esquemas que mantienen caras las medicinas. Se está fomentando un positivo diálogo entre autoridades y representantes de las diferentes organizaciones.

Ojalá que se logre una mesa de diálogo efectiva que, entre otras cosas, acuerde medidas para combatir la corrupción, uno de los motivos del descontento popular. Sin embargo, es cuestionable la forma encontrada por las organizaciones para hacerse escuchar. Cerrar las avenidas, calles y vías perjudica de una forma irreparable a las familias, las empresas, los productores y los viajeros.

Se marcó un nefasto precedente al cerrar la carretera Interamericana por muchos días dejando atrapado a miles de personas en vehículos y camiones, quienes se convirtieron en verdaderos rehenes.

Cada día miles de personas de la clase trabajadora deben caminar por horas para ir a sus lugares de trabajo porque se quedaron sin transporte público.

El derecho a la libre circulación está consagrado en la Constitución y nadie está facultado a violarlo, ninguna autoridad o persona. La carretera Interamericana, también, es esencial para mantener la conexión con Centroamérica y seguir siendo un Hub Logístico regional.

Y hablando de cosas básicas. Lo esencial para el país es contar con alimentos, especialmente verduras y frutas; sin embargo, aislar la Provincia de Chiriquí con el resto del país impidió la distribución y provocó escasez en el mercado, daños a los productores, sus trabajadores y familias. Sin contar, que toneladas de alimentos caducaron y se estropearon.

La escena de los turistas caminando por el Corredor Sur será recordada como una de las imágenes más negativas asociadas al país y deja una pésima experiencia a los turistas, que lo pensarán antes de regresar o recomendar a Panamá como destino.

Cuando los profesores, indígenas y trabajadores podían tener el apoyo de todos los sectores, atrajeron las críticas por sus acciones de fuerza. Obviamente, el Gobierno y la Asamblea Nacional tiene su nivel de responsabilidad. Para muchos, durante años han alimentado el descontento.

 Ahora tenemos otro escenario con prometedoras y largas conversaciones en una mesa amplía, única y participativa. Muchos sectores la están propiciando. La Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y los gremios. Sería igual de beneficioso que en la agenda se pueda restablecer el sagrado derecho a la circulación, que sea parte de un compromiso suscrito por todos.

La manifestación pública es un derecho legítimo, pero no puede incluir cerrar el paso a los compatriotas, que no son responsables por las actuaciones y decisiones de la clase dirigente.

Existen tantas formas de manifestar una opinión, muchas de ellas muy creativas. Colectivos artísticos y musicales pueden crear obras contestarias. Se organizan marchas pacíficas, protestas en parques y plazas públicas. Se puede escribir en carteles, reunir firmas y presentar petitorios.

Corear consignas y reunirse para alzar la voz por una problemática social despierta el apoyo de la comunidad. Sin embargo, impedir la movilidad genera rechazo en contra de esos grupos de protestantes y divide a la opinión pública sobre la causa. Algunos comienzan a dudar de los verdaderos objetivos de los grupos de manifestantes. Si se trata de un plan oculto para desestabilizar el país.

Lo cierto es que la agenda que, seguramente, incluirá temas que nos beneficiarán a todos debiera incluir el respeto al derecho de paso para que no se vuelva a secuestrar a una parte de la población para lograr un objetivo. No se puede volver a jugar con la necesidad de las familias de ir a sus casas, los productores de llevar sus cosechas y los transportistas de mover sus mercancías.

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