La oportunidad perdida con los vehículos decomisados

Más de 200 vehículos decomisados desde las décadas de 1990, 2000 y 2010 terminarán convertidos en chatarra tras ser traspasados al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La decisión, sustentada en el deterioro de los automóviles después de años de abandono en depósitos estatales, refleja el problema que tenemos para administrar bienes que podrían generar valor económico y social.

La noticia ha pasado casi desapercibida, pero plantea una pregunta inevitable: ¿cómo es posible que vehículos que alguna vez tuvieron valor comercial terminen reducidos a metal para fundición cuando pudieron ser vendidos, reutilizados o destinados a servicios públicos?

Las autoridades explican que los automóviles permanecieron durante años bajo custodia mientras avanzaban los procesos judiciales del antiguo Sistema Inquisitivo-Mixto. Una vez emitidas las órdenes de comiso definitivas por parte de los jueces, los bienes pasaron oficialmente al Estado. Sin embargo, cuando finalmente llegó el momento de disponer de ellos, gran parte de las unidades ya se encontraba en condiciones irreversibles.

El problema no es que se haya decidido chatarrear vehículos inservibles. El verdadero problema es que se permitió que llegaran a ese estado.

Cada automóvil abandonado durante años representa una pérdida económica para el país. Muchos de esos vehículos pudieron haber sido subastados oportunamente, utilizados por instituciones con necesidades de transporte, asignados a municipios, juntas comunales o entidades de seguridad, o incluso vendidos por piezas para recuperar parte de su valor. En lugar de ello, permanecieron expuestos al sol, la lluvia y el paso del tiempo hasta convertirse en un activo prácticamente inútil.

La experiencia internacional demuestra que numerosos países han desarrollado sistemas ágiles para la administración de bienes decomisados. Vehículos, inmuebles y otros activos son gestionados mediante procesos rápidos de valoración, mantenimiento y disposición, evitando que el Estado asuma costos de almacenamiento y conservación durante años. El objetivo es preservar el valor de los bienes mientras se resuelven los procesos legales o, una vez concluídos, transformarlos en recursos para beneficio público.

En Panamá, la situación parece haber seguido el camino contrario. Durante décadas, cientos de vehículos permanecieron acumulándose en patios y depósitos, generando gastos de custodia y perdiendo progresivamente su valor de mercado. Lo que alguna vez pudo representar millones de dólares en activos terminó convertido en una carga administrativa.

La decisión de enviar estos automóviles al chatarreo puede ser legalmente correcta dada su condición actual, pero también se trata de reconocer que fallamos. No se trata de vehículos viejos; se trata de recursos públicos desperdiciados.

El caso debería servir como punto de partida para revisar los mecanismos de administración de bienes decomisados en Panamá. La pregunta que debe hacerse el país no es cuánto dinero se obtendrá por la venta de chatarra, sino cuánto valor se perdió durante años de inacción.

Mientras el Estado busca recursos para atender tantas necesidades, resulta difícil justificar que cientos de activos terminen fundidos por falta de una gestión eficiente y oportuna.