Ciudadanos podrían ser indemnizados por daños causados por vehículos estatales

El Diputado José Pérez Barboni presentó un anteproyecto de ley que obliga al Estado a indemnizar daños vehiculares, ya sean a particulares, empresas o al transporte público, ocasionados por vehículos oficiales.

Esta iniciativa establece los procedimientos y plazos para presentar reclamaciones, así como los criterios técnicos para evaluar los perjuicios, en un esfuerzo por mejorar la transparencia y la responsabilidad en el uso de recursos públicos por parte del gobierno.

Las personas afectadas han sufrido situaciones reales, como colisiones menores en zonas urbanas —donde un vehículo oficial impacta un automóvil particular en parquímetro— y daños en medios de transporte colectivo durante maniobras de los vehículos estatales.

“Esta normativa representa un paso hacia la justicia administrativa y la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a afectaciones causadas por la gestión estatal”, destacó el diputado proponente.

Hasta ahora, estas situaciones han generado costos inesperados y demoras significativas a los afectados, quienes incluso han debido trasladarse a centros oficiales para gestionar reparaciones o enfrentar trabas burocráticas.

Con la implementación de esta ley, se espera que los afectados reciban con mayor prontitud compensaciones, evitando así la actual incertidumbre y carga administrativa. Asimismo, se anticipa un mayor cuidado en la conducción de la flota estatal, lo que favorecerá la prevención de incidentes y un uso más responsable de los recursos públicos. En el 2024 se discutió el Anteproyecto de Ley 115 presentada por el diputado Ricardo Vigil que planteaba la inclusión de cobertura de daños a bienes del Estado dentro de las pólizas de seguros de autos. Esta iniciativa tenía la intención que se cubrieran la infraestructura estatal en caso de que salga destruida en los accidentes de los particulares, que son asegurados.

En muchos países, la inmunidad soberana ha sido limitada o eliminada para permitir que el Estado responda por daños causados por sus vehículos oficiales. Antes de presentar una demanda judicial, es común que la legislación exija agotar un procedimiento administrativo. Esto permite resolver conflictos de forma más ágil y económica.

Para cubrir los daños causados por su flota vehicular, varios Estados han creado seguros propios o fondos de cobertura. Se garantiza una respuesta rápida sin afectar directamente el presupuesto.

En casos de culpa grave del conductor público, el Estado puede recuperar lo pagado mediante una acción de repetición.